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Por unanimidad, el Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad

El Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de discapacidad. Las pensiones seguirán en el 70% de la jubilación mínima y podrán cobrarse junto con un empleo formal si los ingresos no superan los dos salarios mínimos.

La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente. Mantiene las pensiones equivalentes al 70% de la jubilación mínima, permite compatibilizarlas con un empleo formal bajo determinados ingresos y garantiza la continuidad de las prestaciones de salud.

El Senado sancionó este jueves la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa recibió el respaldo de los 71 legisladores presentes, sin votos en contra, y establece un marco permanente para un sistema que hasta ahora funcionaba bajo la declaración de emergencia, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre.

La aprobación representa un cambio importante respecto de la discusión que atravesó al Congreso durante el último año. El Gobierno de Javier Milei había cuestionado y vetado la anterior ley de emergencia, pero finalmente avanzó con un texto consensuado que conserva buena parte de los beneficios reclamados por las organizaciones del sector y respaldados por la oposición.

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Qué establece la nueva ley de discapacidad

Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas, que seguirán representando el 70% del haber mínimo jubilatorio. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continuará siendo la herramienta principal para acreditar la condición y acceder al beneficio.

La norma también mantiene la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. Esto significa que una persona podrá tener un empleo formal o estar inscripta en el monotributo sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro aspecto importante es la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Se trata del sistema que establece valores comunes para servicios como rehabilitación, transporte y acompañamiento, entre otras prestaciones básicas. Los aranceles tendrán actualizaciones periódicas vinculadas a la movilidad jubilatoria. Chequeado+2

Cobertura de salud, financiamiento y auditorías

La nueva legislación garantiza el acceso a la cobertura médica de Incluir Salud para los titulares de pensiones por discapacidad e invalidez laboral, con las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.

También establece partidas específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y contempla compensaciones del Tesoro Nacional si esos recursos resultan insuficientes. El objetivo es evitar que el financiamiento de las prestaciones dependa exclusivamente de partidas que puedan quedar desactualizadas.

La ley incorpora, además, un esquema de auditorías periódicas para controlar que los beneficiarios continúen cumpliendo los requisitos. La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá cruzar información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS.

Ante una irregularidad, podrá disponer la suspensión preventiva de un beneficio, pero deberá notificar al titular y garantizarle la posibilidad de presentar un descargo. El procedimiento también contempla mecanismos para solicitar la rehabilitación provisoria de la prestación. iProfesional+2

Del veto al consenso legislativo

La sanción llegó después de meses de negociaciones y reclamos de organizaciones vinculadas con la discapacidad. El proyecto había obtenido previamente la aprobación de Diputados con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones.

En el Senado, el texto consiguió el acompañamiento de todos los legisladores presentes. De esta manera, el Congreso estableció un régimen permanente que mantiene beneficios centrales del sistema y deja atrás el esquema de emergencia que vence a fin de año