"Para desmentir mentiras" el Gobierno lanzó una cuenta en X y encendió alertas
El Gobierno lanzó en X la “Oficina de Respuesta Oficial” para señalar supuestas falsedades de medios y políticos. Especialistas, FOPEA y la oposición advirtieron sobre riesgos para la libertad de expresión y falta de criterios claros.
La creación de una cuenta oficial del Gobierno nacional en la red social X para “desmentir activamente la mentira” abrió un nuevo foco de polémica en el debate sobre la libertad de expresión, el rol del Estado y el control de la información pública.
La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, apunta a señalar supuestas falsedades difundidas por medios de comunicación, periodistas y dirigentes políticos, sin precisar quién estará a cargo ni bajo qué criterios se determinará qué es verdadero o falso.
Desde distintos sectores advirtieron que este tipo de herramientas pueden derivar en prácticas de hostigamiento, persecución política y limitaciones al ejercicio del periodismo.
La cuenta fue presentada bajo el nombre “Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina”. En su primer comunicado, informó que su objetivo es “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.
image
Sin embargo, el Gobierno no detalló quién la administrará, cómo se evaluarán los contenidos ni qué procedimientos se aplicarán antes de realizar una acusación pública. También aseguró que buscará “combatir la desinformación brindando más información”, aunque no explicó de qué manera se garantizará la transparencia del proceso.
Las advertencias de especialistas
Organizaciones y expertos en comunicación señalaron que el Estado no puede desempeñar un rol independiente en la verificación de información, ya que es parte interesada.
Según explicaron, los medios de fact checking profesionales deben cumplir con reglas estrictas: transparencia en el financiamiento, publicación del método, identificación del equipo y corrección pública de errores.
image
Estos principios son establecidos por la International Fact Checking Network (IFCN), que evalúa a las organizaciones que realizan verificación de datos a nivel mundial. Para los especialistas consultados, estas condiciones no se cumplen en las iniciativas gubernamentales. “El problema es que los gobiernos terminan siendo juez y parte”, coincidieron.
El investigador Lucas Graves, profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, sostuvo que las agencias estatales no deben presentarse como fuentes independientes. Por su parte, Clara Jiménez Cruz, de Maldita.es, remarcó que el fact checking debe servir para controlar al poder, no para ejercerlo.
Preocupación en el periodismo
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo a la medida y advirtió que puede afectar el ejercicio profesional y el derecho a informar. Dirigentes de la oposición también manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que la cuenta sea utilizada para estigmatizar a periodistas críticos.
image
En paralelo, recordaron que en septiembre de 2024 el Gobierno modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, incorporando restricciones al derecho de acceso. Según datos oficiales, la gestión Milei es la que más pedidos dejó sin responder hasta mayo de 2025, en comparación con gobiernos anteriores.
Antecedentes en Argentina y la región
No es la primera vez que se implementan iniciativas de este tipo. En Brasil funciona el portal Brasil Contra Fake, en México el sitio Infodemia y en Ecuador una cuenta oficial destinada a difundir la versión del Gobierno sobre distintos temas.
image
En Argentina, durante la gestión de Alberto Fernández, se crearon las plataformas Confiar y Nodio para combatir la desinformación durante la pandemia. En julio de 2025, el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lanzó el streaming “Fake, 7, 8”, con el objetivo de cuestionar contenidos de medios y periodistas.
Si bien en algunos casos se desmintieron datos erróneos, en otros se difundieron afirmaciones sin respaldo comprobable La puesta en marcha de esta cuenta reavivó el debate sobre el rol del Estado en el control de la información, los límites de la comunicación oficial y el respeto a la libertad de prensa.
Mientras el Gobierno sostiene que busca combatir las noticias falsas, especialistas y organizaciones advierten que sin reglas claras ni controles independientes, estas herramientas pueden transformarse en mecanismos de presión y disciplinamiento.
El impacto real de la iniciativa dependerá, en adelante, del uso que se le dé y del grado de transparencia que esté dispuesto a asumir el Ejecutivo.
