Ley de Glaciares: récord de inscriptos y polémica por las audiencias
Más de 65 mil personas se inscribieron para debatir la Ley de Glaciares. Diputados limitó las exposiciones en vivo y habilitó un sistema virtual que generó fuertes críticas.
A pocos días de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, el Congreso enfrenta un escenario inédito: más de 65 mil personas se anotaron para participar del debate, lo que obligó a redefinir el esquema de exposición y desató una fuerte polémica política.
Ante la imposibilidad material de otorgar la palabra a todos los inscriptos, la Cámara de Diputados resolvió implementar un mecanismo complementario. Se mantendrán las dos jornadas previstas —una presencial y otra virtual, los días 25 y 26 de marzo—, pero solo unas 200 personas podrán exponer en vivo. El resto deberá hacerlo mediante la grabación de videos que serán subidos a una plataforma digital.
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La decisión fue impulsada por las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, que argumentaron la necesidad de ordenar el debate, ampliar la participación y dejar registro de todas las posturas en torno a un proyecto considerado clave en materia ambiental.
El nuevo sistema establece que quienes no puedan intervenir en directo deberán subir un video a YouTube, consignar sus datos personales y compartir el enlace en el canal oficial de la Cámara. Esta modalidad funcionará como instancia previa a la firma de dictámenes, prevista para comienzos de abril.
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Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo desde la oposición, que cuestionó el cambio de reglas en pleno proceso. Legisladores de distintos bloques advirtieron que el esquema limita la participación real y podría derivar en la judicialización del debate.
Además, otro de los puntos cuestionados es el criterio de selección de oradores, ya que se priorizará a los primeros inscriptos de cada provincia, lo que —según denunciaron— deja afuera a miles de interesados.
El proyecto en discusión propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, que protege los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce. La iniciativa busca habilitar actividades productivas, como la minería y la explotación hidrocarburífera, en zonas que no sean consideradas hídricamente relevantes.
El tema genera especial interés en provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza y Catamarca, donde el desarrollo de proyectos mineros está directamente vinculado a estas definiciones.
En paralelo, ya se presentó una acción judicial para frenar el mecanismo de participación, lo que suma un nuevo capítulo de tensión a un debate que promete ser uno de los más sensibles del año en materia ambiental
