El recurso fue presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, luego de que el magistrado rechazara el pasado 5 de junio los pedidos para flexibilizar las condiciones de detención de la ex presidenta.
Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá analizar si las restricciones continúan justificadas o si corresponde modificarlas.
Respecto del régimen de visitas, la defensa sostiene que no existen elementos concretos que acrediten afectaciones a vecinos o alteraciones de la convivencia que justifiquen mantener limitaciones especiales.
Además, argumentó que Cristina Kirchner cumplió durante más de un año todas las condiciones impuestas por la Justicia y que ese comportamiento debería ser tenido en cuenta bajo el principio de progresividad previsto en la ley de ejecución penal.
Otro de los planteos apunta a la utilización de la tobillera electrónica.
Los abogados de la ex vicepresidenta sostienen que, según estadísticas del Consejo de la Magistratura, el uso de estos dispositivos es excepcional dentro del sistema judicial argentino y que no existe riesgo de fuga que justifique mantener esa medida de control.
También cuestionaron las restricciones sobre el acceso a la terraza del edificio, al considerar que no fueron debidamente fundamentadas por el juez de ejecución.
La resolución se conoce cuando se cumple un año desde que la Corte Suprema dejó firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 en la causa Vialidad.
El 10 de junio del año pasado, los tres integrantes del máximo tribunal rechazaron los recursos pendientes y confirmaron la sentencia que encontró responsable a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Además de la pena de seis años de prisión, la ex mandataria quedó inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Mientras tanto, la ex presidenta continúa afrontando otros procesos judiciales de relevancia, entre ellos la causa Cuadernos y los futuros juicios vinculados a Hotesur-Los Sauces y el Memorándum de Entendimiento con Irán.
Por ahora, las condiciones de su prisión domiciliaria permanecen sin cambios. Sin embargo, la decisión de Giménez Uriburu habilita una nueva instancia judicial que podría modificar aspectos centrales de su régimen de detención.
