Tras detectarse la irregularidad, la Justicia ordenó el allanamiento de su domicilio, el secuestro de los celulares de sus hijos y el congelamiento de su cuenta bancaria. Acosta afirmó que muchos de los bienes comprados ya fueron devueltos.
La causa también involucra a otras cinco personas, quienes fueron imputadas y enfrentan una fianza de $30 millones cada una para evitar la prisión preventiva.
El error fue denunciado por el contador de la administración provincial que ejecutó la transferencia, aunque por el momento no está imputado. Desde la Fiscalía informaron que ya se logró recuperar el 90% del dinero y que se rastrea el resto a través de billeteras virtuales.
“Compré cosas que ya se devolvieron. También repartí dinero en la familia”, sostuvo Acosta, que permanece bajo investigación judicial para determinar si actuó con intención delictiva.