El cambio tiene impacto directo sobre el compromiso de contratación local que deben asumir los proyectos adheridos al RIGI. La normativa mantiene la obligación de destinar al menos el 20% del monto correspondiente a proveedores a empresas locales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas.
Sin embargo, ahora las filiales de multinacionales instaladas en el país también podrán competir por ese porcentaje.
La reforma no significa que cualquier producto importado pueda contabilizarse como nacional. Cuando se trate de bienes, deberán cumplirse los criterios de origen establecidos por el Mercosur. Para los servicios, la empresa deberá estar constituida y domiciliada en el territorio argentino.
Más flexibilidad para reorganizar empresas
El decreto también modifica las condiciones para las operaciones societarias de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las estructuras que ejecutan las inversiones del régimen. A partir de ahora, se precisan las reglas para transferir participaciones, incorporar nuevos integrantes a uniones transitorias de empresas y reorganizar sociedades sin perder los beneficios del RIGI. Las operaciones deberán cumplir con los procedimientos de información y control establecidos por la autoridad de aplicación.
Además, la compra de acciones de una compañía adherida no implica la pérdida de los derechos adquiridos por el proyecto. Sin embargo, el dinero utilizado para comprar esas participaciones no podrá computarse como parte de la inversión mínima exigida.
La reglamentación también contempla que determinadas sucursales dedicadas puedan transferir sus activos, pasivos y obligaciones a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal, con autorización oficial y bajo condiciones específicas. Otro eje de la reforma apunta al financiamiento externo.
Hasta ahora, el esquema contemplaba principalmente las divisas ingresadas y liquidadas directamente por el vehículo que desarrolla el proyecto.
Con la nueva normativa, también podrán computarse aportes de capital y préstamos externos ingresados por accionistas directos o indirectos, socios y otras sociedades vinculadas a la estructura de inversión. Para que esos fondos sean reconocidos, deberán destinarse efectivamente al proyecto aprobado y contar con documentación contable que permita seguir su recorrido.
El Banco Central podrá establecer los procedimientos necesarios para verificar esas operaciones y regular el acceso al mercado cambiario.
Nuevos plazos para los grandes proyectos
La reforma también introduce precisiones sobre los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, destinados a inversiones de gran escala, especialmente en energía y minería.
En estos casos se establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables. La intención es diferenciar ese compromiso total de las metas parciales correspondientes a cada etapa del desarrollo.
El Ejecutivo justificó los cambios en la experiencia acumulada desde la puesta en marcha del régimen y en la necesidad de adaptar su reglamentación a las distintas estructuras empresariales y financieras utilizadas por los inversores.
En paralelo, el Gobierno aprobó el ingreso al RIGI del parque eólico Vientos La Rinconada, ubicado a unos 40 kilómetros de Olavarría. El proyecto contempla una inversión de US$230,7 millones y una potencia instalada de 94,5 megavatios. Su producción estará destinada principalmente a abastecer a la siderúrgica Siderca, en Campana.