La propuesta también introduce cambios en el esquema de financiamiento de la política, con la intención de reducir el peso de los recursos públicos y avanzar hacia un modelo más basado en aportes privados regulados. En paralelo, incorpora el criterio de Ficha Limpia, que impediría competir o ejercer cargos públicos a personas con condenas confirmadas por delitos dolosos.
Además, el proyecto endurece las condiciones para la creación y sostenimiento de partidos políticos. Se establecen nuevos requisitos de afiliación y plazos más exigentes para consolidar la personería jurídica, en un intento por limitar la proliferación de estructuras partidarias sin representación efectiva.
Más allá del contenido, el foco inmediato está puesto en la viabilidad política de la iniciativa. El oficialismo eligió al Senado como cámara de origen con la mirada puesta en los gobernadores, actores clave para reunir los votos necesarios. En ese esquema, las provincias aparecen como el principal factor de presión, ya que muchos mandatarios condicionan su apoyo a garantías sobre sus propios sistemas electorales y posibilidades de reelección.
Con el proyecto ya formalizado, se abre una etapa de negociaciones que será determinante. El resultado no solo definirá el futuro de la reforma, sino también el alcance de uno de los cambios institucionales más relevantes que impulsa el Gobierno.
