Lucero subraya que el concepto de parto respetado va mucho más allá del trato cordial: “No se trata de que el médico te hable con cariño, sino de que se respeten los procesos fisiológicos del cuerpo, las decisiones de la familia, la cultura de cada persona. Que haya mínimas intervenciones, que la mujer sea protagonista de su parto, incluso si es una cesárea”.
Aunque en Argentina existe desde hace dos décadas la Ley de Parto Humanizado, su implementación sigue siendo deficiente. “La ley no se cumple. Hay algunos profesionales que lo intentan, pero el mismo sistema los desgasta o los violenta. También reclamamos mejores condiciones laborales para quienes asisten nacimientos. ¿Cómo se acompaña de manera humana si venís de una guardia de 24 horas y atendiste 30 partos?”, cuestionó.
En la provincia, las estadísticas son escasas. En un reciente relevamiento nacional, solo 27 personas de San Juan brindaron testimonio. “No hay datos oficiales, pero en mi experiencia, nunca he estado en un grupo de mujeres donde alguna no haya sufrido violencia obstétrica. Solo basta nombrar tres cosas comunes: que te aten, que no te dejen tocar a tu hijo, que te separen de él al nacer. Todas hacen silencio… y reconocen que lo vivieron”, denunció Lucero.
La campaña amplió su enfoque hacia lo que denominan violencia gineco-obstétrica, que incluye situaciones vividas durante toda la vida reproductiva: desde la primera consulta ginecológica hasta la menopausia. “No estamos hablando desde el enojo, sino desde lo vivido. El sistema médico ha ejercido poder, manipulación y abuso sobre nuestros cuerpos durante siglos”, señaló.
Incluso los varones comienzan a involucrarse en la discusión. Lucero relató el caso de un ingeniero del CONICET que, tras presenciar un parto en casa no planificado, tomó conciencia de la situación y lo compartió en espacios masculinos. “Dijo algo muy fuerte: ‘Dejamos que violen a nuestras mujeres en nuestras caras y encima felicitamos al médico’. Eso generó una charla entre hombres que nunca había ocurrido. También ellos son apartados de la paternidad”, relató.
El nuevo Observatorio buscará sistematizar estas denuncias, que hasta ahora solo circulaban en voz baja o en redes sociales. San Juan se suma así a una red federal que busca terminar con décadas —o siglos— de prácticas violentas que han sido naturalizadas en el sistema de salud.
