En esa línea, rechazó los cuestionamientos de sectores que sostienen que la reforma busca criminalizar a adolescentes y remarcó el enfoque integral del proyecto.
“Este proyecto no es un proyecto que mete niños presos. Muy por el contrario, acompaña a los menores en conflicto con la ley para que salgan del círculo vicioso en el que se encuentran, desde la educación, el deporte y la salud mental”, sostuvo.
Picón también destacó el trabajo que viene desarrollando la provincia en materia de políticas sociales y de contención, en línea con los objetivos de la nueva normativa. “Desde la provincia de San Juan, desde la llegada de Marcelo Orrego y por pedido expreso del gobernador, se trabaja en estos tres temas”, subrayó, en referencia a la gestión de Marcelo Orrego.
En ese marco, mencionó distintas acciones impulsadas por el Ejecutivo provincial en los últimos meses. “Desde el Ministerio de Familia, con el plan estratégico provincial para el abordaje de los consumos problemáticos, con resultados que han triplicado las altas”, enumeró.
Además, resaltó avances institucionales y programas educativos: “Por primera vez la provincia tiene una Dirección de Salud Mental, y también el trabajo del Ministerio de Educación con el programa Comprendo y Aprendo y el boleto educativo gratuito, que fue una promesa de campaña del gobernador”.
Según explicó, estas políticas convierten a San Juan en una provincia preparada para aplicar la nueva legislación. “Esto es solo por nombrar algunas acciones que el gobernador pidió a sus ministros y que hoy son ejemplo para la aplicación de la ley, porque hay programas suficientes para acompañar a los menores”, afirmó.
Finalmente, Picón remarcó que la reforma también busca dar respuestas concretas a las víctimas de delitos. “Y también dar respuestas a las víctimas, que merecen que el sistema de justicia pueda responder. Esta es una herramienta necesaria para los jueces”, concluyó.
La iniciativa aprobada establece la edad mínima de punibilidad en 14 años, fija un tope de 15 años para las penas privativas de libertad y prioriza las sanciones alternativas en delitos menores. Además, define la prisión como último recurso y exige condiciones especiales de detención.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto quedó ahora en manos del Senado, donde se definirá si la reforma se convierte en ley.
