En diálogo con sanjuan8.com, el presbítero José Antonio Álvarez, vocero de prensa del Obispado de San Rafael, destacó la rápida intervención del Papa Francisco para abordar la situación y proteger a las presuntas víctimas. "Fue dispuesto por la Santa Sede. La Iglesia ha ido aprendiendo y mejorando la rapidez con que se atienden estos casos, atendiendo el profundo daño a las víctimas", indicó Álvarez.
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El protocolo actual de la Iglesia establece la formación de una comisión en la Diócesis, integrada por especialistas de distintas áreas, para brindar asistencia tanto a las víctimas como a las personas involucradas. En este caso, un sacerdote especializado en Derecho Penal lideró el proceso, recibió las denuncias y tomó declaraciones a las víctimas y a otros testigos.
La denuncia se presentó el 3 de febrero, y de inmediato se iniciaron los procedimientos canónicos correspondientes. El 10 de febrero, apenas una semana después, el Vaticano comunicó la solicitud de renuncia al obispo, que fue aceptada de inmediato. Este anuncio se produjo un día antes de la fiesta patronal de la Virgen de Lourdes, generando comentarios entre la comunidad, ya que se esperaba la presencia de Domínguez en las celebraciones del 11 de febrero.