La situación se agravó en 2020, durante el mandato de Rubén García, cuando el asesor letrado Pablo Manzur no presentó un recurso extraordinario ante la Corte. La sociedad Cuyo Inversores sí presentó un recurso, lo que llevó a una nueva tasación que multiplicó el valor de la propiedad.
"El proceso judicial de la Corte de Justicia recayó el año pasado, a mediados, ordenando establecer un valor, una cuantificación a esa sanción, que se cumplió en septiembre con una nueva tasación. Cuando nosotros nos hicimos cargo, declaramos una nulidad de esa tasación porque era elevada, pero la jueza la rechazó. La impugnación debió hacerse en septiembre", explicó Munisaga.
Expropiación del Complejo La Superiora: qué hará Rawson al respecto
La deuda de 370 millones representa un duro golpe para la gestión de Munisaga. Aunque los compromisos habituales pueden ser afrontados, el plan de mejoras en iluminación y servicios se verá afectado. La asesora letrada de Rawson, Vanesa Laciar, intenta dilatar el pago del monto millonario presentando un pedido de nulidad de la nueva tasación, argumentando que el Tribunal de Tasación no incluyó a la Municipalidad en el proceso.
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Este jueves por la mañana, Laciar y el secretario de Modernización municipal, Adriel Fernández, presentarán un informe detallado sobre la situación judicial y financiera ante el Concejo Deliberante, que deberá decidir sobre el proceso de pago.
"Vamos a investigar a los funcionarios salientes, a los profesionales actuantes y a los políticos. Pretendemos que el municipio participe. La condena es de 220 millones más intereses a tasas pasivas, sumando un total de 371 millones de pesos. El municipio debe hacerse cargo", destacó el jefe comunal.
Expropiación del Complejo La Superiora: el fallo, en medio de un proceso eleccionario
El fallo que ordena el pago de la deuda ocurrió después de las elecciones de mayo, cuando Carlos Munisaga fue electo intendente. Durante el interregno entre la elección y el cambio de gobierno el 10 de diciembre, la administración saliente no apeló la decisión, lo que dejó el fallo firme y permitió a la jueza Tettamanti avanzar en su ejecución. "Declaramos una emergencia en diciembre, pero la ley de emergencia exceptúa los procesos de expropiación. Estamos defendiendo al máximo para evitar un embargo de las cuentas del Municipio. La nulidad fue presentada en diciembre, apenas asumí", agregó Munisaga.
