Sin embargo, si bien estos hechos ocurrieron en mayo y junio pasado, los investigadores creen que salieron a la luz debido a la gran cantidad de extracciones y el importante monto que les sacaron a los damnificados, porque investigan que estas transferencias venían desde hace tiempo atrás, pero en menor volumen y sin llamar la atención.
Hasta el momento, los imputados son Gustavo Joaquín Orellano y Priscila Lisette Orellano (padre e hija), ambos trabajadores en el hogar de ancianos. En el caso del hombre sería planta permanente mientras que la hija sería contratada, según las fuentes. No tienen antecedentes. La vinculación con ellos estaría dada, según la investigación, con la billetera virtual de uno de ellos y, que el otro a veces tenía bajo su custodia los efectos personales de los residentes.
Ambos permanecerán en libertad durante el proceso, así lo determinó la jueza Flavia Allende, pese al pedido del fiscal Eduardo Gallastegui de prisión preventiva.
La causa continúa con la trazabilidad de todas las operaciones bancarias y las pericias a los dispositivos electrónicos secuestrados. Esto podría dar una primera pauta para saber si hubo comunicaciones relacionadas con personas del hogar o externas y determinar si puede haber más imputados en la causa.
