Los dos imputados son empleados del hogar de ancianos. La estafa a los 6 residentes es por más de $1.7 millones.
Este viernes, formalizaron la investigación contra dos empleados del hogar de ancianos, la Residencia Eva Perón, por estafa a 6 residentes. Los trabajadores están sospechados de vaciar las cuentas de los jubilados con compras realizadas con sus tarjetas de débito, por un monto cercano a los $2 millones.
El hecho salió a la luz cuando 6 de los residentes se acercaron al banco para cobrar por ventanilla sus jubilaciones y en la entidad les informaron que no tenían saldo en sus cuentas. Inmediatamente, los ancianos pusieron en conocimiento de esta situación a la directora del Hogar y la autoridad realizó los reclamos correspondientes a los diferentes bancos.
Desde las entidades le manifestaron que había movimientos en las cuentas de las víctimas por diferentes montos, los cuales eran ilegítimos y no autorizados por los damnificados. Ante estos movimientos en las cuentas, advirtieron que había muchas compras efectuadas de forma online, con las tarjetas de débito de los damnificados.
Ya con la denuncia radicada en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, el fiscal Eduardo Gallastegui pidió información sobre los movimientos bancarios y determinaron que sus tarjetas de débito fueron vinculadas de manera defraudatoria con los imputados, según informaron fuentes judiciales. El perjuicio de los denunciantes es una suma superior a $1.700.000.
Los sospechosos son Priscila Lisette Orellano y Gustavo Joaquín Orellano, ambos son empleados en el hogar de ancianos. Fueron imputados este viernes por estafa con utilización de tarjetas de débito (en 6 hechos) en concurso real, en calidad de autora en el caso de Priscila Orellano, y de partícipe necesario, en el caso de Gustavo Orellano.
En tanto que la jueza de Garantías Flavia Allende resolvió que la investigación penal preparatoria tendrá un plazo de 8 meses y ordenó la libertad de los dos imputados. Ambos deberán cumplir medidas coercitivas, como someterse al proceso y no obstaculizar la investigación; presentarse una vez al mes en la Comisaría 30°; la prohibición de salir sin autorización de la provincia o del país; prohibición de acercamiento o cualquier tipo de contacto con los damnificados.
