Según las autoridades del Ministerio de Gobierno, el comunicado de la entidad gremial del Transporte no coincide bajo ningún aspecto con la realidad de la provincia de San Juan y entre las razones que expresan es que: la Provincia de San Juan no adeuda suma alguna en concepto de subsidios, incrementos remunerativos y/o anticipos vinculados al servicio.
Además, indican que el servicio Público de Transporte en San Juan es subsidiado en un 65 % por el gobierno de la provincia, en un 20 % por el Gobierno Nacional.
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Ante esta situación, para el Gobierno provincial la medida tomada por la UTA seccional San Juan es ilegal. El paro produce un grave perjuicio a la sociedad. Por consiguiente, resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado; por ello el gobierno provincial, a través de la Subsecretaria de Trabajo, ha ordenado la convocatoria a audiencia a las partes, expresa el comunicado.