Entre ellos estaba la novia de Gonzalo, una adolescente de 16 años, que pasó a quedar bajo investigación como principal sospechosa de haber efectuado el disparo. Una de las hipótesis que analiza la Justicia es que el arma se haya accionado de manera accidental, aunque esa posibilidad todavía debe ser corroborada mediante las pericias y el resto de las pruebas.
La causa pasó a la Justicia de Menores y quedó a cargo del juez Jorge Toro. La participación concreta de la adolescente y la mecánica del disparo todavía no fueron determinadas.
Unas horas después, otro episodio tuvo como protagonistas a chicos todavía más pequeños.
Durante la siesta del martes, en una plaza ubicada junto a la escuela Antonino Aberastain, en Pocito, se produjo una pelea entre alumnos. Un chico terminó con una herida de arma blanca en la espalda y fue trasladado al Hospital Federico Cantoni, donde permaneció en observación y fuera de peligro.
Las primeras informaciones señalaron que el menor había sido atacado por un desconocido. Sin embargo, posteriormente comenzaron a conocerse imágenes registradas en el lugar que muestran a varios chicos enfrentándose y a uno de ellos aparentemente extrayendo un elemento cortante de una mochila.
El video no permite establecer por sí solo cómo se produjo la lesión ni quién la provocó. Esa reconstrucción deberá surgir de la investigación y del análisis de las imágenes junto con los demás elementos reunidos en el caso.
En este episodio, además, aparece una diferencia central respecto del crimen de Chimbas: el niño involucrado tiene 12 años.
Dos edades, dos situaciones y un nuevo marco judicial
Los dos casos ocurrieron con pocas horas de diferencia, pero no tienen el mismo tratamiento desde el punto de vista penal.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional 27.801, comprende a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 cuando son imputados por hechos tipificados como delitos. La norma establece un sistema específico de responsabilidad penal juvenil y contempla medidas alternativas y criterios vinculados con la educación, la resocialización y la integración social.
Por eso, la adolescente de 16 años que quedó bajo investigación por el crimen de Chimbas se encuentra dentro del rango de edad alcanzado por el nuevo régimen.
El niño de 12 años que protagonizó el episodio de Pocito, en cambio, está por debajo de esa edad. Su situación no se encuadra en el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional de la misma manera que la de un adolescente de 14 años o más.
La diferencia de edad, entonces, no es un dato menor: determina también qué marco jurídico puede aplicarse frente a un hecho investigado como delito.
San Juan acaba de adecuar su legislación
Los episodios se producen además en un momento particular para la Justicia sanjuanina.
La Ley 27.801 fue sancionada a nivel nacional y establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. En San Juan el lunes 14 la Cámara de Diputados trató la adecuación provincial para compatibilizar la normativa nacional con la estructura judicial existente.
La propia Legislatura había explicado que la adecuación transitoria busca incorporar las nuevas figuras del régimen nacional mientras la provincia avanza hacia un sistema procesal penal juvenil acusatorio y especializado.
El caso de Gonzalo, ocurrido apenas unos días después de la puesta en marcha del nuevo esquema, ya ingresó a la Justicia de Menores por la edad de la principal sospechosa.
El episodio de Pocito plantea otra dimensión: qué sucede cuando quienes intervienen en hechos con armas son niños que todavía no alcanzan la edad prevista por el nuevo régimen penal juvenil.
Son dos hechos diferentes, con protagonistas de 16 y 12 años, ocurridos en menos de 24 horas y en contextos completamente distintos. Pero ambos obligan a mirar una misma cuestión: cómo responde el Estado cuando la violencia aparece cada vez más temprano y qué herramientas existen para intervenir antes de que esos episodios terminen en consecuencias irreversibles.
