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Cultura realizará una denuncia ante la Justicia por el daño a petroglifos

Tras una investigación, se detectó que una persona de sexo masculino escribió su nombre y dañó este sitio arqueológico que data de 700 a 900 años.

El Ministerio de Turismo y Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, informa que ante los hechos de vandalismo ocurridos en la zona de Lagar Grande, departamento Caucete, se llevó a cabo una investigación donde se detectó que una persona de sexo masculino realizó estas acciones irregulares. Como resultado de este procedimiento, se determinó realizar la denuncia pertinente ante el Poder Judicial, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional N° 25.743 y de la Ley Provincial N° 571- F.

Desde el sector indicaron que ya estaría identificada la persona, pero que hasta que la presentación no este realizada no pueden dar detalles de la causa.

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En defensa del Patrimonio Arqueológico

La Ley Nacional N° 25.743/2003 expresa que forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.

Por otra parte, la Ley Provincial N° 571-F se adhiere a lo prescripto en la Ley Nacional Nº 25743 que regula el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. En todo lo que no sea modificado por la presente Ley, la autoridad de aplicación en San Juan es la Secretaría de Cultura.

A su vez, la ley expresa que aquellas personas que, por acción u omisión, realicen un despojo, saqueo o sustracción de los bienes mencionados o que pongan a los mismos en peligro de pérdida, desaparición o destrucción, total o parcial, o que perturben su función social, serán sancionados con multas que oscilarán entre tres (3) y hasta treinta (30) sueldos del escalafón mínimo de la Administración Pública, de acuerdo al grado de participación, gravedad de la infracción cometida y reincidencia, conforme establezca el Poder Ejecutivo.