La Cámara de Servicios Mineros expresó preocupación por medidas de La Rioja que impactan en Vicuña. Advierten por incertidumbre, freno a inversiones y efectos en toda la cadena.
La Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) encendió una señal de alerta frente a recientes decisiones del Gobierno de La Rioja que afectan el desarrollo de la empresa Vicuña, un proyecto de peso dentro del esquema minero regional.
A través de un comunicado oficial, la entidad planteó que las restricciones generan incertidumbre y condicionan el avance de iniciativas consideradas estratégicas. El planteo no se limita a un caso puntual: desde la cámara advierten que el impacto se extiende a toda la cadena de valor minera, un sector con fuerte incidencia en la economía local y nacional.
El eje del cuestionamiento gira en torno a la previsibilidad. Según CASEMI, la falta de reglas claras desalienta inversiones y pone en riesgo la continuidad de proyectos en marcha, en un contexto donde la estabilidad jurídica y operativa resulta determinante para sostener el crecimiento del sector.
En ese marco, la institución expresó su respaldo a la empresa Vicuña y remarcó la necesidad de abrir canales de diálogo entre los distintos actores involucrados. El objetivo, sostienen, es garantizar condiciones que permitan sostener el desarrollo minero sin sobresaltos.
Uno de los puntos centrales del conflicto está vinculado al estado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Desde el sector indicaron que la operadora ya cumplió con los pasos administrativos correspondientes y que el expediente se encuentra a la espera de aprobación. En esa línea, instaron a que la situación se resuelva en el corto plazo para evitar que el proceso derive en mayores complicaciones judiciales.
Mientras tanto, el proyecto —ubicado íntegramente en territorio sanjuanino— mantiene su actividad. Sin embargo, la logística se vio afectada por un bloqueo en la zona de Guandacol, en La Rioja, lo que obligó a la empresa a redireccionar su operación hacia el denominado Corredor del Norte, en el departamento Iglesia.
Desde el entorno de la compañía señalaron que no hubo notificación formal de la medida judicial, por lo que continúan operando con normalidad dentro de San Juan, utilizando accesos alternativos mientras se destraba el conflicto en territorio riojano.
El trasfondo excede lo operativo. Referentes del sector advierten que este tipo de situaciones impacta directamente en la percepción internacional del país como destino de inversiones. En este caso, se trata de un proyecto estimado en 11.000 millones de dólares, una cifra que posiciona el conflicto en una escala mayor.
Además, remarcaron el impacto social que podría verse afectado. En zonas como Guandacol, la actividad minera no solo genera empleo —con más de 150 trabajadores riojanos vinculados al proyecto— sino que también dinamiza la economía local a través de contrataciones de servicios, como el mantenimiento de caminos a cargo de empresas de la provincia.
En ese contexto, desde CASEMI insistieron en la necesidad de alcanzar consensos, fortalecer la seguridad jurídica y evitar medidas que introduzcan incertidumbre en un sector considerado clave para el desarrollo productivo del país.
