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Caso Acueducto: la Justicia ratificó la presencialidad y Andino respondió

La jueza Mónica Lucero confirmó que el diputado nacional deberá asistir el 10 de noviembre. Tras el rechazo de los recursos, Andino aseguró que acatará la decisión y defendió su trayectoria pública.

La jueza de Garantías Mónica Lucero volvió a rechazar los planteos de la defensa del diputado nacional Cristian Andino para que participe de manera virtual en la próxima audiencia por la causa del Acueducto Gran Tulum. El legislador deberá presentarse el martes 10 de noviembre, a las 14.30, en el Palacio de Tribunales.

Tras conocerse la decisión, Andino confirmó que acatará lo dispuesto por la magistrada y defendió su conducta pública. “Por supuesto que estoy y siempre estaré a disposición de la Justicia", espresó.

Los abogados Guillermo Sergio Toranzo, Federico González Viola y Federico Esteybar habían solicitado que Andino pudiera conectarse por Zoom debido a compromisos laborales vinculados con su actividad legislativa. Tras la negativa inicial, presentaron un recurso de revocatoria, un planteo de nulidad y una apelación subsidiaria.

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Lucero declaró inadmisible la apelación al considerar que la modalidad de participación en una audiencia forma parte de las facultades de conducción del proceso y no constituye una medida de coerción que habilite esa vía de impugnación. También sostuvo que los compromisos laborales, por sí solos, no justifican una excepción a la presencialidad.

La jueza había considerado justificada la ausencia de Andino en la convocatoria del 14 de octubre, pero aclaró que eso no obliga a autorizar su participación remota en la próxima audiencia.

La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizará el 10 de noviembre, a las 14.30, en la Sala de Audiencias N.º 9. La instancia quedó pendiente luego de que Andino y el senador nacional Sergio Uñac no asistieran a la convocatoria anterior. Las defensas habían argumentado que ambos tenían compromisos laborales.

La investigación comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum.

La Fiscalía busca determinar si hubo incumplimientos en las condiciones de los materiales utilizados, posibles sobreprecios u otras irregularidades en la ejecución de la obra.

En septiembre se realizaron allanamientos en oficinas de Krah, una de las principales proveedoras de cañerías para el proyecto. Los investigadores secuestraron documentación y computadoras para su análisis. La causa continúa en etapa investigativa y la audiencia deberá avanzar en la formalización de los hechos atribuidos a los once involucrados.