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Qué dice un constitucionalista sobre las multas a los padres por bullying escolar

Un constitucionalista sanjuanino criticó el proyecto de Mendoza que propone sancionar con multas de hasta $2 millones a las familias de niños o adolescentes que cometan bullying escolar. Dijo que la iniciativa “criminaliza la conducta de menores”

El proyecto de ley impulsado en Mendoza para imponer multas de hasta dos millones de pesos a los padres de niños y adolescentes que realicen actos de bullying generó un fuerte debate jurídico. En San Juan, el abogado y constitucionalista Marcelo Arancibia cuestionó duramente la medida y advirtió que, de aprobarse, podría ser declarada inconstitucional.

“Es un retroceso. El Estado se tiene que preocupar por prevenir que no haya bullying en las escuelas”, afirmó Arancibia, quien señaló que el enfoque punitivo es un error. “Cuando esto existe, y estamos advirtiendo que es un hecho muy común, el Estado debe tener una guía de trabajo para resolver estos temas. Los chicos que cometen bullying necesitan acompañamiento psicológico y pedagógico, no sanciones económicas”, sostuvo.

El abogado recordó además que en la propia provincia de Mendoza hay fallos judiciales que condenaron al Estado provincial por no tener políticas de prevención del acoso escolar. En ese contexto, consideró que castigar económicamente a las familias “no resuelve el problema de fondo”.

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“Convertir el bullying en una falta contravencional es como criminalizar la conducta de niños y adolescentes”, remarcó Arancibia. Según explicó, la propuesta es inaplicable para menores de 14 años, porque las convenciones internacionales prohíben sanciones de este tipo, incluso las administrativas o contravencionales. “Y para los mayores de 14 y menores de 18, me parece un desatino. No estamos frente a delincuentes, sino ante chicos que tienen problemas psicológicos o psicopedagógicos que deben abordarse desde la educación y la salud”, agregó.

Finalmente, el constitucionalista diferenció esta situación de la que se vive en San Juan con las amenazas de bomba en escuelas, que se investigan como delito de intimidación pública. “Son hechos distintos. En un caso hay intención de generar pánico, en el otro hay una situación de conflicto y sufrimiento dentro del ámbito educativo”, concluyó.

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