Detalles de las imputaciones
Cada imputado recibió imputaciones precisas:
-
Estela Juana Capelli: estafa en calidad de autora, estelionato, asociación ilícita y usurpación.
-
Víctor Dávila: estafas reiteradas como partícipe necesario, asociación ilícita y usurpación.
-
Alexiana Díaz: estafas reiteradas como autora, asociación ilícita y usurpación.
-
José Alberto Díaz: estafas reiteradas, estelionato, asociación ilícita y usurpación.
-
Martín Gastón Díaz: estafas, asociación ilícita y usurpación.
-
Oscar Ramón Díaz: estafas reiteradas como partícipe necesario, asociación ilícita y usurpación.
La resolución de la jueza también incluyó prohibiciones sobre el Lote N.º 90, evitando modificaciones en el terreno mientras dura la investigación.
Contexto del caso
La investigación, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, reveló que los terrenos fueron vendidos a 42 familias por personas sin derecho legal, afectando tanto al Estado provincial como a particulares. El terreno fue adjudicado legalmente en 1997 a otra persona tras la desadjudicación a Carlos Cerda en 2014, y nunca correspondió a los actuales vendedores, según los registros oficiales.
En los últimos meses, se constató que más de 100 viviendas estaban construidas o en construcción, con servicios de luz y agua, piletas y quinchos, confirmando que los lotes no se usaban para fines agrícolas.
La Fiscalía de Estado, integrada por Claudio Herrera, José Fraifer y Ricardo Lorenzo Mira, había solicitado que los imputados quedaran bajo investigación por estafas reiteradas, asociación ilícita y usurpación en perjuicio del Estado y de los compradores. La jueza Moya dio lugar a estas medidas, asegurando el resguardo de los bienes y las cuentas bancarias de los acusados.
Desarrollo de la audiencia
La audiencia fue extensa y comenzó a las 9 de la mañana, extendiéndose hasta pasadas las 18 horas. Durante la sesión, los imputados tuvieron la posibilidad de declarar, pero todos se abstuvieron. La magistrada también dio lugar a las medidas cautelares solicitadas tanto por la UFI como por la Fiscalía de Estado.
El fiscal Ejarque había solicitado la prisión preventiva de los hermanos Díaz por cuatro meses, pero la jueza consideró suficientes medidas de coerción y embargos para asegurar la investigación.
El caso sigue siendo uno de los más complejos y mediáticos en San Juan, debido al alto valor de los terrenos ($200 millones), la cantidad de personas afectadas y la participación de múltiples imputados en presuntas maniobras fraudulentas sobre tierras fiscales.
Por Gabriel Rotter.
