El Ministerio de la Producción denunció operaciones inmobiliarias ilegales sobre un terreno fiscal en Rawson. Hay seis imputados, 42 familias perjudicadas y pedido de prisión preventiva.
Un nuevo escándalo por venta ilegal de terrenos sacude a San Juan. El Ministerio de la Producción, a cargo de Gustavo Fernández, presentó una denuncia penal tras detectar graves irregularidades en la utilización de un lote fiscal en Rawson.
La presentación apunta a maniobras inmobiliarias presuntamente fraudulentas, realizadas por particulares sin vínculo con la administración pública, sobre bienes que pertenecen al Estado provincial. La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas también abrió una investigación paralela por presunto delito de estafa, que involucra a 42 familias que compraron parcelas en el loteo “Vista al Cerro”, conformado por 165 terrenos en Médano de Oro.
Cómo habría funcionado la maniobra
La denuncia se centra en el Lote N.º 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, destinado únicamente a uso agrícola. Sin embargo, en el predio ya se levantaron viviendas, quinchos y piletas.
Según los registros, la mujer señalada como Estela Juana Capelli declaró ser única heredera de José Hugo Capelli, supuesto adjudicatario original. No obstante, documentos oficiales demuestran que esa persona nunca recibió el lote y falleció en 1994. El terreno recién fue adjudicado en 1997, tras una licitación, a una persona de apellido Cerda, que lo mantuvo hasta 2014.
En base a esta falsedad, Capelli habría vendido la propiedad a José Alberto Díaz, quien luego fraccionó el lote y comercializó pequeñas parcelas. En la operatoria también aparecen señalados Víctor Javier Dávila Jofré, Claudio Javier Sosa, Alexiana Díaz y Martín Gastón Díaz. La evidencia central está en los boletos de compraventa con firmas certificadas, aportados por los compradores.
Pedido de nuevas medidas
Claudio Herrera y José Fraifer, representantes de la Fiscalía de Estado como parte querellante en el caso, junto a los denunciantes, anticiparon que presentarán su propia acusación. Para ello pidieron a la jueza Mabel Moya ordenar nuevas medidas, con el objetivo de probar que, además de estafas, los imputados pudieron haber cometido los delitos de usurpación y asociación ilícita en la comercialización del loteo “Vista al Cerro”.
Entre las medidas solicitadas figura la prisión preventiva de Estela Capelli, bajo el argumento de que reside en Tucumán y podría fugarse. También pidieron allanamientos en los domicilios recientemente informados por los acusados, una consigna policial durante los operativos, el secuestro de sus teléfonos y dispositivos electrónicos (restando únicamente el de José Díaz) y el acceso a mensajes y comunicaciones entre los imputados y con los denunciantes.
Además, adelantaron que trabajarán con peritos especializados en terrenos, en el área contable y del Tribunal de Tasaciones para reforzar la acusación.
