Al menos tres casos principales concentran un perjuicio económico que supera los 12 millones de pesos:
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Una víctima transfirió cerca de $7 millones tras la promesa de un cargo en la Justicia Federal.
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Otra entregó más de $4,5 millones, convencida de acceder a un puesto como perito.
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Una tercera persona aportó más de $3 millones y luego denunció amenazas al reclamar su dinero.
En varios casos, incluso se detectaron mensajes y correos electrónicos vinculados al número personal de la imputada, lo que fortaleció las pruebas en su contra.
El certificado trucho que la complicó
El quiebre de la maniobra se produjo cuando Cantero no se presentó a una audiencia judicial y presentó un certificado médico para justificar su ausencia. El documento, firmado supuestamente por un odontólogo, resultó ser falso.
El profesional negó haber emitido ese certificado, lo que derivó en una nueva imputación por falsificación de documento privado.
Prisión domiciliaria y causa en expansión
En la audiencia de formalización, el juez de Garantías resolvió imputarla por defraudación por engaño en tres hechos, en concurso con falsificación de documento. Además, se dispuso la inhibición general de bienes por un año.
Si bien la fiscalía había solicitado prisión preventiva, se determinó que la cumpla bajo modalidad domiciliaria por siete meses, teniendo en cuenta que la imputada es madre de un bebé de 20 meses.
La causa, que es investigada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, continuará en etapa de investigación penal preparatoria durante el próximo año. En ese período, no se descarta la aparición de nuevas víctimas.
