Según la información surgida del procedimiento, las cámaras de seguridad detectaron que abonó parte de los productos, pero dejó otros dentro del carro sin registrar en la línea de cajas. Cuando intentó salir, los empleados de seguridad ya habían sido alertados y le impidieron el paso.
La situación terminó con la intervención policial y de la UFI del Sistema Especial de Flagrancia. Carrizo finalmente pagó la totalidad de la mercadería, por unos $76.000, y la empresa decidió no radicar una denuncia.
Con ese escenario, el fiscal interviniente resolvió no avanzar penalmente mediante un Criterio de Oportunidad, por lo que el episodio no derivó en una causa penal contra el efectivo.
Pero el pago de los productos no cerró el caso para la institución. La conducta quedó asentada y ahora será analizada dentro de la Policía, donde además de lo ocurrido en el supermercado podrán considerarse sus antecedentes y trayectoria dentro de la fuerza.
Carrizo no es un efectivo más dentro de la estructura policial. Forma parte del GERAS y se convirtió en uno de los referentes en la capacitación para el uso de las Taser, incluso después de viajar a Estados Unidos para especializarse y luego participar en la formación de otros policías.
La investigación administrativa será la que determine ahora si corresponde una sanción mayor, que puede ir desde una nueva suspensión hasta, en los casos considerados más graves, la expulsión de la fuerza.