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Intento de estafa: no fueron a la audiencia y ahora tienen pedido de captura

El juez de Garantías ordenó la detención de una pareja acusada de intentar estafar a un vecino usando un número de WhatsApp que perteneció al Juzgado de Paz de Capital.

La investigación por una estafa en grado de tentativa derivó este lunes en un pedido de captura contra Cristian Segura y Laura Natalia Vargas, ambos oriundos de Caucete. El juez de Garantías Diego Manuel Sanz adoptó la medida luego de que la pareja no se presentara a la audiencia en la que debía ser imputada formalmente, pese a estar debidamente notificada.

Según la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, el caso comenzó el 28 de junio cuando un vecino denunció que casi fue engañado al intentar pagar una multa. El hombre se comunicó por WhatsApp con un número que creía pertenecía al Juzgado de Paz de Capital, sin saber que esa línea había sido dada de baja en 2020.

El modus operandi

De acuerdo con la investigación, Segura y Vargas se hicieron con ese chip y se hicieron pasar por personal del juzgado. Durante el intercambio de mensajes le ofrecieron al denunciante un “descuento” en su multa y le pidieron que transfiriera el dinero a una cuenta particular.

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La actitud sospechosa —como la exigencia de no acudir al juzgado— llevó a la víctima a consultar por canales oficiales, donde descubrió que la línea ya no pertenecía a la dependencia judicial. De inmediato, radicó la denuncia.

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A partir de ese momento, la fiscalía —a cargo de Pablo Martín y con los ayudantes fiscales Federico Martínez y Franco Rodríguez— realizó allanamientos y secuestró celulares y chips vinculados a los acusados, incluido el número que había pertenecido al juzgado.

El 9 de septiembre, durante uno de esos procedimientos, la pareja fue notificada de la investigación. Sin embargo, no compareció a la audiencia de formalización prevista para este lunes, lo que motivó que el juez los declarara en rebeldía y ordenara su detención.

El delito que se les imputa es estafa en grado de tentativa, por el que podrían enfrentar una pena de hasta seis años de prisión. La Policía tiene instrucciones de detenerlos de inmediato si no se presentan voluntariamente en Tribunales.