La Justicia Federal investiga la grave denuncia del Gendarme contra dos superiores por abusos, coacción, amenazas, golpes y tortura psicológica.
Un gendarme de San Juan hizo una grave denuncia contra sus superiores y ya interviene la Justicia Federal. R.A.B. denunció haber sufrido abusos sexuales sistemáticos, coacción, amenazas, golpes, hostigamiento laboral y tortura psicológica, en Gendarmería Nacional.
El gendarme contó al medio Realpolitik que los hechos comenzaron desde el 2014, en el Centro de Formación “Félix Manifior”, en Barreal. Señaló a dos altos mandos de la Fuerza. “Lo que viví no fue un maltrato, fue tortura”, confesó al medio.
La causa ya está en pleno trámite judicial, no solo admitieron a R.A.B. como querellante, sino que además ordenaron una batería de medidas de prueba, pidió los legajos completos de los denunciados y dictó prohibiciones de acercamiento, contacto y un perímetro de exclusión de 500 metros para los tres imputados.
“Me encerraron en una oficina, se tocó el bulto delante mío y me dijo que se me habían acabado los privilegios. Me hacían sostener una hoja en la mano para verme temblar. Mientras tanto me golpeaban, me tocaban y se burlaban de mí”, contó el denunciante.
Y agregó: “Hubo episodios de violencia sexual extrema en los que se me impusieron actos destinados a degradarme y someterme. Me obligaban a cumplir órdenes en un contexto de intimidación y abuso de poder. Esos hechos marcaron mi vida. Fui víctima de actos sexuales no consentidos de alto nivel de degradación, utilizados para someterme y humillarme. Parte de esos episodios incluyeron órdenes y conductas de clara violencia sexual que no puedo detallar públicamente por su crudeza”, afirmó a Realpolitik.
El 6 de agosto de 2025, el juzgado Federal Nro. 2 de San Juan notificó oficialmente una resolución que marca un antes y un después en la causa. En ese marco, ordenaron abrir sumario por los delitos más graves del Código Penal, incluyendo: abuso sexual con acceso carnal (artículo 119, párrafos 3 y 4, agravado por pluralidad, armas y calidad de funcionario público), coacción agravada (artículo 149 bis), encubrimiento agravado (artículo 277) y abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (artículo 248).
Además, el juez dispuso medidas urgentes de protección para la víctima, estableciendo prohibición total de contacto, perímetro de restricción de 500 metros y advertencia penal por incumplimiento. En esa línea, ordenó la obtención de documentos clave solicitando: legajos completos de los superiores señalados y de la víctima; registros internos de denuncias o actuaciones desde 2013; historia clínica, informes psiquiátricos y documentación de la baja; y testimonios de todos los profesionales de la fuerza que intervinieron.
