El chico había realizado durante aproximadamente un mes una actividad vinculada al cuidado de caballos en un club de polo de Caucete, donde tuvo contacto con el acusado. Cuando esa relación terminó, ambos dejaron de tener ese vínculo cotidiano.
Sin embargo, en octubre de 2025, Álvarez volvió a comunicarse con el adolescente. Lo hizo desde su propio teléfono celular y a través de WhatsApp.
Según la acusación, en esas conversaciones comenzó a realizarle pedidos de índole sexual que, por sus características y por tratarse de un menor de edad, fueron encuadrados por la Fiscalía en el delito de grooming, previsto en el artículo 131 del Código Penal.
La situación fue detectada a partir de la reacción del propio adolescente. Primero decidió contarle lo que estaba ocurriendo a su hermana. Ella, a su vez, puso al tanto a la madre del chico.
La mujer realizó la denuncia y así comenzó la investigación judicial. De acuerdo con lo explicado por la fiscal de la UFI ANIVI, Andrea Insegna, la intervención de la familia permitió que la situación fuera denunciada antes de que pudiera avanzar hacia un escenario de mayor gravedad.
Durante la investigación también se estableció que el acusado había utilizado su propio celular para comunicarse con el adolescente, sin recurrir a teléfonos de terceros.
Uno de los puntos centrales de la resolución judicial es que la condena no implica prisión efectiva.
La pena de ocho meses fue establecida como de ejecución condicional debido a que Álvarez Gallardo no registra antecedentes penales. En consecuencia, permanecerá en libertad mientras cumpla las reglas de conducta fijadas por la Justicia durante el período correspondiente.
El incumplimiento de esas condiciones podría generar consecuencias judiciales sobre la ejecución de la pena.
