El caso tuvo su origen público entre diciembre y enero pasado, cuando Guadalupe Ailén Céspedes formalizó la primera denuncia: había pagado 1.700.000 pesos por una motocicleta que jamás le fue entregada. Con el correr de las semanas, la cantidad de afectados creció hasta alcanzar a 352 personas formalizadas en el expediente.
La maniobra defraudatoria operaba bajo una lógica simple y efectiva: Branka Motors ofrecía vehículos y rodados a precios muy por debajo del mercado. Las ofertas sedujeron a cientos de compradores que entregaron su dinero sin recibir nada a cambio. El perjuicio económico total se estima en $524 millones.
El acuerdo de pago que fracasó
En mayo, las partes habían alcanzado un principio de acuerdo para lograr una reparación integral del daño. Ese pacto se cayó cuando los imputados no cumplieron con el pago de la primera cuota de las cinco pautadas. El fiscal Guillermo Heredia pidió de inmediato la baja del convenio y los tres acusados fueron trasladados al Penal de Chimbas, donde cumplían prisión preventiva hasta la audiencia de este miércoles.
Las víctimas deberán ir a la Justicia Civil
La homologación del juicio abreviado cierra la causa penal en lo que respecta a la responsabilidad carcelaria de los imputados. Sin embargo, los $524 millones defraudados no se recuperarán por esta vía. Quienes quieran intentar recuperar el dinero perdido deberán iniciar demandas individuales en el fuero civil, un camino más largo y sin resultados garantizados.
