Atacó a su ex por la cuota alimentaria: la condena y récord de deudores
Un caso extremo de violencia con un tenedor terminó en probation. Mientras la Justicia local acelera los trámites, el registro de deudores marca un récord histórico en 2026. Qué hacer cuando no pagan, los mitos del "trabajo en negro" y las duras sanciones para quienes incumplen.
Un hecho grave de violencia intrafamiliar tuvo su resolución esta jornada en la Justicia mediante una probation. Es que, según fuentes del caso, una mujer deberá realizar tareas comunitarias y pagar un resarcimiento económico de $20.000, luego que el domingo pasado, en Caucete, atacara con un tenedor a su expareja, luego de protagonizar una discusión por la mantención de la hija en común que tienen.
El episodio se dio en la noche del domingo, cuando la mujer se apersonó en la casa de su expareja y comenzó a reclamarle mayor cantidad de dinero para las necesidades de la menor. El hombre, según fuentes del caso, se negó a esa petición argumentando que no correspondía y, entonces, todo se complicó aún más cuando la mujer atacó con un tenedor que llevaba entre sus pertenencias al sujeto.
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Debido a las lesiones que padeció el agredido, se dirigió por sus propios medios al hospital departamental donde recibió curaciones en la zona de la clavícula izquierda, donde ingresó el objeto cortando, aunque quedó fuera de peligro.
A su vez, un llamado de un vecino alertó a la Policía del hecho y por ello, la mujer terminó detenida en la Comisaría 9º. De esta forma, hoy se realizó el juicio que derivó en la probation. Mientras que, interviene la Asesora de Menores e Incapaces Oficial, para resguardar la integridad física y emocional de la menor.
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La situación local respecto al registro de deudores y cómo actuar sin llegar a la violencia
El caso de Caucete es el extremo más triste de una realidad que miles de sanjuaninos atraviesan a diario: la tensión por la falta de recursos para criar a los hijos. Sin embargo, más allá de la crónica policial, lo que se destaca es el desconocimiento de que la vía judicial, aunque a veces parezca lenta, es la única herramienta efectiva y se está volviendo cada vez más rigurosa en la provincia.
En San Juan, la paciencia con los incumplidores se está agotando y los números lo demuestran. El Registro de Deudores Alimentarios de la provincia alcanzó un récord histórico en este inicio de 2026, trepando a 533 personas inscriptas. La cifra no para de crecer: en 2021 eran menos de 300 y hoy la tendencia es claramente al alza. ¿Hay más irresponsabilidad o la Justicia funciona mejor? Según los fuentes judiciales, e incluso en concordancia con la opinión de abogados especialistas, se trataría de lo segundo: los procesos administrativos en los juzgados locales se han "eficientizado", lo que agiliza los trámites y provoca que ingresen más deudores al sistema. Solo en el último tiempo, se incorporaron unas 20 personas de golpe.
No es un favor, es la Ley
Para quienes están del otro lado, lidiando con la falta de pago, es fundamental entender que reclamar no es "pedir una ayuda", sino exigir un derecho del niño que abarca desde la comida y la escuela hasta el esparcimiento. Y hay un mito urbano muy instalado que debe derribarse: "Si trabaja en negro, no le puedo sacar nada". Esto es falso. Los jueces de Familia en San Juan no solo miran el recibo de sueldo; evalúan el estilo de vida, si tiene auto, celular, o bienes. Y si el padre es insolvente, la ley permite ir legalmente contra los abuelos.
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El sistema local es claro. La Ley 7072 establece que cualquiera que deba tres cuotas seguidas o cinco alternadas entra directo a la "lista negra". Y estar ahí no es gratuito. Las sanciones van desde la prohibición para salir del país hasta no poder entrar a la cancha o a eventos deportivos, e incluso ser inhabilitado para ser proveedor del Estado.
La radiografía de los morosos en la provincia es contundente y tiene género. Del total de personas en el registro, solo 5 son mujeres, y muchas veces ni siquiera son las madres, sino abuelas o tías que quedaron como responsables solidarias ante la falta de pago de un familiar. El grueso de los ingresos proviene de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (casi 300 casos) y de los Juzgados de Familia (más de 200), aunque también suman los Juzgados de Paz.
Lo preocupante, sin embargo, es lo difícil que resulta salir de esa lista, no por burocracia, sino por falta de pago. Desde que se creó el registro en 2001, menos del 7% de los inscriptos regularizó su situación y se dio de baja. Apenas 38 personas en más de dos décadas pagaron lo que debían.
Por eso, ante el incumplimiento, la respuesta nunca debe ser la violencia por mano propia como ocurrió en Caucete, sino el asesoramiento letrado inmediato. Ya sea para iniciar una demanda, pedir un ADN o ejecutar un embargo, el camino es tribunales, donde hoy los "papeles" corren más rápido y las consecuencias para el que no paga son cada vez más pesadas.
