La resolución también remarca la necesidad de contar con datos precisos sobre los miembros de la banda, las actividades criminales que desarrollan y los lugares de operación, entre otras cosas.
También se explicó que “el artículo 3º de la Ley Nº 26.538 establece que la autoridad de aplicación, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, hará el ofrecimiento de recompensa y tendrá a su cargo el pago”. Según aclararon, el monto podrá modificarse de acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido.
En el artículo 1 de la resolución se estableció que la oferta de recompensa es “dentro del territorio de la República Argentina” y que los $10 millones están destinados a “aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y contundentes que permitan lograr la identificación y captura de los autores de la intimidación pública”.
Aquellas personas que cuenten con datos que contribuyan a la identificación de la banda narcoterrorista, podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, llamando a la línea gratuita 134.
En paralelo, avanza la investigación judicial para tratar de identificar a los cuatro sujetos que aparecieron en el video vestidos con un traje blanco, con sus rostros completamente tapados y portando cuatro armas de gran calibre.
Los investigadores continúan el procesamiento de la voz del sujeto —que parece leer el mensaje— en un sistema biométrico de voz. Hasta ahora los resultados no parecen ser alentadores, dado que “las características aurales percibibles hacen suponer que se trata de un joven y, por lo tanto, difícilmente se cuente con muestras almacenadas”.
Además del audio, también se analiza la vestimenta y el ambiente, entre otros indicios que aparecen en la escena. Dichos trabajos están a cargo del personal de las Divisiones Fotografía Policial y Scopometría.
