En una oficina de Chubut, tal vez en Puerto Madryn o en Trelew, a media luz y a puertas cerradas, Antonio Sebastián López, el hombre que luego sería diputado provincial, fuma un habano y se ufana.
Delante de él hay una hombre de una importante minera. Mientras besa el Partagás con el anillo aduanero todavía puesto, López le relata al hombre de la minera de su ocupación, de su compañía llamada Bridges, puentes en inglés, “una consultora comercial”, un eufemismo sobre “generar puentes entre el tipo y el cliente”, a pesar de que su perfil comercial no muestra su participación en ninguna firma registrada bajo ese nombre. Asegura que está “en la rosca, lobby, lo que tiene que ver con generar progreso, destrabar cosas”, algo que “le gusta mucho”.
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Luego, López va al grano. Habla de apoyo, de “una empresa nacional” para “pensar en un futuro” y para “tener un compromiso con ustedes mañana”. El mínimo: “cien lucas”, sin aclarar en qué moneda, dólares o pesos.
En el medio, López pide protección a medios, por si sale “algún boludo”. Afirma que se cuida “como de mearse en la cama” con “minas y fotos”. Lo que no sabe es que una cámara oculta lo está filmando.
López luego llegó alto: en 2019 se convirtió en legislador provincial por Juntos por el Cambio, tras ser el titular del ANSES en Puerto Madryn. “Hay que sacar a Chubut adelante, pero con los corruptos afuera”, decía López en campaña, en abril de ese año.
El video, mientras tanto, nunca fue borrado. Fue un as en la manga, por así decirlo. Fuentes políticas en la provincia deslizan que el empresario que lo filmó lo hizo cansado de presiones, una carta para jugar a futuro. llegó a la cúpula provincial de su partido. Hoy por la mañana, este video, podría ser presentado en una denuncia de otros legisladores y directivos provinciales de Juntos por el Cambio, con abogados listos para patrocinarla.
La denuncia con la filmación, con una fecha desconocida, podría ser introducida esta mañana misma, dirigida directamente al procurador provincial Jorge Miquelarena para que resuelva su competencia. Las chances son múltiples en los cálculos del PRO patagónico: delitos de acción pública, negocios incompatibles con la función, tráfico de influencias, evasión fiscal, blanqueo de activos. Un magistrado o un fiscal deberán determinar qué calificación le corresponde.