En su fundamentación, la diputada de Confianza Pública había hecho hincapié en la difícil situación que enfrentan los jubilados. Además, esgrimió argumentos formales, entre ellos, que tiene que radicar su residencia en Argentina. “Lo que establece la ley que otorga estas jubilaciones de privilegio son dos condiciones. Una es que no debe cobrar ningún otro tipo de jubilación, pensión y beneficios dentro del sistema. Y, por otro lado, la otra condición es que debe residir en Argentina. Claramente nosotros estamos adjuntando declaraciones donde decía que cuando dejara la presidencia iba a residir en Madrid, cosa que está haciendo desde el 21 de diciembre”, dijo.
La referencia apuntaba a la supuesta decisión de Alberto Fernández de vivir un tiempo en España, tema que había generado otra polémica en relación a si debía garantizar la custodia policial que tienen todos los expresidentes, pero fuera del país. De todos modos, el ex mandatario se expresó en sus redes sociales: “Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país. Hago un culto a mi decencia y no dejaré que difamen mi honestidad mostrándome como un privilegiado. No quiero ser acusado de abusar de privilegios que nunca pedí y nunca tuve. Solo me atengo a recibir el trato que las normas determinan”.
En otro mensaje desde sus redes, Ocaña estimó el valor de la jubilación de privilegio que cobraría el ex mandatario. “No podemos permitir que Alberto Fernández cobre una jubilación de 7 millones de pesos. Esto equivale a 66 jubilaciones”, subrayó la legisladora, que impulsó una colecta de firmas a través de la plataforma Change.org.
“Los jubilados han sido los grandes perdedores del modelo que instauró la presidencia de los Fernández. Los jubilados han perdido en forma espectacular dos puntos del producto con su pérdida de los valores de las pensiones. Esto es algo que no puede aceptarse”, insistió la legisladora.
Ocaña repudió que Alberto Fernández “se atreva a pedir una jubilación por su gestión que ha sido desastrosa con 130 mil muertos de COVID-19, la fiestita de Olivos y el vacunatorio VIP”. “La verdad tampoco es de extrañar que Alberto sea un sinvergüenza y haya pedido este beneficio. Lo ha hecho justamente en los días previos que el Congreso elimine esa ley”, concluyó.
