De esta manera, el oficialismo evitó que la oposición pudiera emplazar a las comisiones para emitir dictamen en plazos acotados y, al mismo tiempo, logró mantener bajo control los tiempos parlamentarios de un tema que viene generando tensión dentro y fuera del Congreso.
La intención de los bloques opositores era avanzar con iniciativas que proponían la interpelación y una eventual moción de censura contra Adorni. Los proyectos surgieron tras las denuncias y cuestionamientos relacionados con la evolución patrimonial del funcionario y la información incluida en sus declaraciones juradas.
Entre los diputados que dieron quórum estuvieron la mayoría de los integrantes de Unión por la Patria, legisladores de la izquierda, representantes de la Coalición Cívica y algunos bloques provinciales. En cambio, la ausencia del PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID y otros espacios resultó determinante para que la sesión no pudiera comenzar.
Tras la caída de la convocatoria, los legisladores que permanecieron en el recinto realizaron expresiones de minoría y cuestionaron a los bloques que no bajaron al recinto. Desde distintos sectores opositores sostuvieron que el acuerdo político terminó beneficiando al jefe de Gabinete y demoró el tratamiento de los expedientes impulsados en su contra.
Ahora, el próximo capítulo se trasladará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzará el análisis formal de los proyectos. Sin embargo, al tratarse de una instancia de comisión, no existen plazos obligatorios para emitir dictamen, por lo que el debate podría extenderse durante varias semanas.