En la medida que Javier Milei avanza en el terreno político, con una musculatura que muchos desconfiaban que lograría, acaba de introducir profundas flexibilizaciones en el mundo laboral, básicamente lo hace con la idea de transformar el modelo productivo argentino. Los empresarios que apoyaron fervientemente su ascendencia al poder empiezan a discutir un punto central de ese modelo, el de la apertura económica.
Mientras países amigos están hablando sobre los peligros de la desindustrialización, el gobierno está planteando una serie de privatizaciones, desregulaciones, apertura comercial, apreciación cambiaria y relaciones “carnales” con Estados Unidos. Algunos empiezan a preguntarse si este contexto tiene similitudes con el menemismo de los 90. La biblioteca está dividida.
El gobierno insiste que las inversiones van a venir y a la par el sector empresario señala que sin crédito la reconversión se va hacer difícil. Nadie duda que la apertura al mundo por parte de argentina es necesaria, el tema es que la economía argentina sigue siendo poco competitiva. Las dudas y las preocupaciones se hacen presente sobre todo en aquellos sectores que no cuentan con mucho tiempo a favor para esperar resultados. Ni hablar desde lo social. Las industrias nacionales corren en desventaja, la presión impositiva es excesiva y además no cuentan con el entrenamiento necesario para la competencia. Estamos viendo que todos los días una empresa quiebra. Es un hecho que no hay que naturalizar. Por motivos diferentes en muchos de los casos, pero aquí se plantea un interrogante central, de cómo el gobierno tiene pensado mitigar los costos que esta reconversión traerá aparejada. El “caso FATE” tuvo una repercusión, más allá de la situación particular que arrastra la empresa desde hace tiempo, que golpeo más en el imaginario de lo que pueda llegar a venir con las situaciones de ciertas industrias y obviamente con el futuro del empleo. ¿El tema FATE es un caso testigo? Las Pymes están mirando con recelo el momento.
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La organización Fundar elaboró un seguimiento mensual sobre la situación de las empresas y en su último reporte señala que desde noviembre de 2023 se perdieron 21.938 empresas. Y en lo que va del gobierno de Milei se perdieron más de 270.000 puestos de trabajo. Por otro lado, la actividad económica creció un 3,5% interanual. Para este año se prevé un crecimiento entre el 4% al 5% según distintas previsiones. Estos datos que pueden sonar contradictorios tienen un trasfondo que insinúa que este proceso que está empezando enfrentar la economía argentina es que habrá sectores que se quedarán en el camino, otros que podrán adaptar al nuevo escenario y otros más competitivos que lograrán ser ganadores. Lo que queda por ver es si con lo que el gobierno piensa que ha obtenido, cierto orden macroeconómico, orden fiscal y financiero, las reformas estructurales, el apoyo irrestricto del presidente Trump, las inversiones extranjeras van a venir para recrear un escenario compensatorio de las consecuencias de dicha reconversión.
Está claro que a primera instancia los sectores relacionados con la energía, la minería, los minerales raros y la agricultura, serían los sectores beneficiados con esta transformación. Hay que tener en claro que estas inversiones tienen proyecciones de mediano y largo plazo y además no son generadores de mano de obra en la escala de la gran demanda que requerirán aquellos perjudicados por estos cambios en el escenario económico. El gran desafío que enfrenta este gobierno que pareciera haber conseguido logros que algunos de ellos parecían que serían inalcanzables como la gobernabilidad, la contundente centralidad política que ostenta y la estabilidad económica es si podrá acabar con el fantasma de una economía real sin crecimiento y con algo de inflación.
En un contexto donde el reclamo por el cierre de empresas y la consiguiente consecuencia de despidos reconfigurara la agenda pública en la Argentina. La vicepresidente Villarruel realizó declaraciones con un llamado al “nacionalismo” en rechazo a la libre apertura de las importaciones. Este domingo se volverán a ver las caras después de mucho tiempo en el inicio de la asamblea Legislativa. ¡Quien podría estar en el balcón presenciando la escena! Falta mucho para las elecciones, pero los nombres para acompañar a Milei en la fórmula para el 2027 se empiezan a barajar.
Aquí en San Juan tenemos el caso concreto de los Viñateros. Un tema que trae dolores de cabeza al Ministerio de la Producción. No es sencilla la tarea. Es un sector que siempre ha tenido más o menos protección del gobierno de turno. Hoy la realidad se presenta con aristas de cambio de época para este negocio y varios de sus productores se encuentran enfrentando riesgos de difícil resolución.
La iniciativa por la modificación de la Ley de Glaciares se sostenía en la necesidad de tener una normativa que contribuyera al desarrollo económico a través de un mayor impulso de la minería. Obviamente el respaldo de las provincias mineras apunta en esa dirección porque además de contar con significativos recursos mineros es la posibilidad de que sus economías logren en el tiempo un salto cuantitativo. A la par de esta discusión las empresas mineras vienen sosteniendo desde hace un tiempo que no todas las zonas periglaciares son reservorios de agua para ser protegidos. Este es un trabajo que deberán realizar las provincias para la habilitación de futuros proyectos mineros. ¿Qué raro que con tantos años de polémica en torno a la mega minería no exista un registro nacional de proyectos mineros en ambiente glaciares y periglaciales? Pero lo cierto es que la Mesa del Cobre recibió una gran bocanada de oxígeno con la media sanción en Senadores con las modificaciones de Ley de Glaciares. Fundamentalmente para Orrego y los tres grandes proyectos avanzados en la provincia con la redefinición a la protección del ambiente periglaciar.
La tarea de los gobernadores pro mineros dio sus resultados, sumados al apoyo de aliados, inclusive de peronistas como Uñac y Corpacci, ahora el proyecto pasa a Diputados. Un escenario en el cual la discusión ambiental sin dudas se ideologizará, pero lo importante ahora es que los gobernadores ya pueden avanzar en la captación de posibles inversores y los gobiernos provinciales comenzar a trabajar sobre los estándares ambientales.