Reforma a la Ley de Salud Mental: situación actual y puntos en discusión
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental. Busca habilitar internaciones involuntarias, mayor intervención judicial y cambios en el sistema de atención vigente.
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, con el objetivo de introducir cambios en el sistema de atención, las internaciones involuntarias y el rol del Poder Judicial. La iniciativa será tratada durante el próximo período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo.
La normativa actual estableció el cierre progresivo de los manicomios y neuropsiquiátricos, públicos y privados, y su reemplazo por un modelo de atención comunitaria, con internaciones solo en casos excepcionales. Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que su implementación presentó limitaciones operativas, falta de dispositivos adecuados y dificultades para abordar situaciones de urgencia.
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Entre los principales puntos que se busca modificar se encuentra la posibilidad de habilitar la intervención judicial para autorizar internaciones, incluso como medida urgente, y avanzar en la creación de centros especializados para la atención de la salud mental. También se propone revisar el rol y la composición del Órgano de Revisión, así como aspectos vinculados al diagnóstico y la responsabilidad de la autoridad de aplicación.
La ley vigente establece que las personas solo pueden ser internadas contra su voluntad si existe riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, y únicamente mientras esa situación persista. Además, prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos y ordenó el cierre de los existentes antes de 2020, un plazo que no se cumplió en su totalidad.
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Según el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (2019), aún existen 162 instituciones monovalentes en todo el país, públicas y privadas, con alrededor de 12 mil personas internadas, y un promedio de permanencia de 8,2 años. Organizaciones civiles advierten que el sistema continúa siendo hospitalocéntrico y que persisten prácticas de violencia y discriminación hacia personas institucionalizadas.
Otro de los puntos señalados es el incumplimiento presupuestario. La ley establece que al menos el 10% del gasto total en salud debe destinarse al área de salud mental, pero los datos disponibles indican que ese porcentaje se redujo a alrededor del 1,5% en los últimos años.
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Las reformas propuestas reactivaron el debate entre profesionales, organizaciones sociales y sectores vinculados a la seguridad, que plantean posiciones encontradas sobre la internación involuntaria, la atención comunitaria y la respuesta ante episodios de crisis. Mientras el Ejecutivo avanza en la redacción del proyecto, se anticipa una discusión legislativa intensa sobre el futuro del modelo de salud mental en el país.
