El fiscal Eduardo Taiano solicitó citar a declarar como imputados a quienes accedieron a la Sputnik V de manera privilegiada durante la pandemia.
Cinco años y medio después de que estallara el escándalo del "Vacunatorio VIP" durante la gestión de Alberto Fernández, la causa judicial sumó un avance clave en los tribunales de Comodoro Py.
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó formalmente a la jueza María Eugenia Capuchetti la declaración indagatoria de más de 30 personas beneficiadas con la aplicación irregular de la vacuna Sputnik V cuando las dosis eran escasas y estaban destinadas de manera prioritaria al personal de salud y adultos mayores.
Entre los principales pedidos de indagatoria figuran el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda "Chiche" González de Duhalde, sus hijas María Eva y Juliana Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky, los dirigentes y legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto junto a su esposa, el dirigente Jorge Devoto, el periodista Gabriel Michi, y un grupo de empresarios encabezado por Florencio Aldrey Iglesias y miembros de su familia, entre otros.
En el inicio de la causa en 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti había considerado que los hechos no constituían un delito penal y que "adelantarse en la fila" no estaba tipificado en el Código Penal. Sin embargo, ese criterio fue revertido por la Cámara Federal porteña, que ordenó profundizar la investigación no solo sobre los funcionarios que facilitaron las dosis (como el fallecido exministro Ginés González García), sino también sobre quienes recibieron el beneficio.
El fallo de alzada determinó que las vacunas eran bienes del Estado puestas a disposición de un "grupo selecto que, por parentesco o amistad, burló los esquemas impuestos a toda la sociedad". Bajo esta premisa, el fiscal Taiano encuadró la conducta de los vacunados como posibles partícipes necesarios del delito de peculado, argumentando que sabían que estaban violando los protocolos vigentes y que, lejos de negarse, aceptaron recibir la dosis.
El delito de peculado prevé penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La lista de más de 30 imputados solicitados por la fiscalía abarca distintos perfiles que accedieron a la inoculación en el Ministerio de Salud o mediante operativos paralelos enviados desde el Hospital Posadas:
Políticos y exfuncionarios: Eduardo Duhalde, Hilda "Chiche" Duhalde, sus hijas María Eva y Juliana; el diputado Eduardo Valdés; el exministro de Defensa Jorge Taiana; el exintendente Hugo Curto y su esposa Filomena Burgos.
Periodistas y dirigentes: Horacio Verbitsky (cuya confesión radial destapó el escándalo en febrero de 2021), Gabriel Michi y el dirigente afín al kirchnerismo Jorge Devoto.
Empresarios y allegados: El empresario hotelero y de medios marplatense Florencio Aldrey Iglesias junto a sus familiares (Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey), el empresario Seza Manukian y Félix Eulogio Guille (padre de un excolaborador del Ministerio de Salud).
Tras la presentación formal de la fiscalía, la resolución quedó radicada en el Juzgado Federal N° 5. La jueza Capuchetti deberá evaluar los fundamentos presentados por Taiano para determinar si hace lugar a las citaciones indagatorias, si convoca solo a una parte de los señalados o si desestima el requerimiento. Con este dictamen, la investigación penal se encamina hacia su instancia más decisiva tras años de tramitación.
