Nueva ley de Salud Mental: qué cambia y qué busca el Gobierno
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental. Busca mejorar la respuesta del sistema y cambiar criterios clave sobre internaciones.
El Gobierno nacional anunció que enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para reformar integralmente la Ley de Salud Mental, con el objetivo de actualizar el sistema y mejorar la respuesta ante situaciones críticas. La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anticipó cambios de fondo en el enfoque sanitario.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Salud, surge tras un relevamiento que detectó fallas en la aplicación de la normativa vigente (Ley 26.657) y dificultades concretas para abordar casos de urgencia. Según fuentes oficiales, el proyecto apunta a proteger tanto a pacientes como a terceros en situaciones que hoy no tienen un encuadre claro.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el cambio en los criterios técnicos. Se propone dejar atrás el término “padecimiento mental” por considerarlo impreciso, y reemplazarlo por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lo que permitiría diagnósticos más claros.
Además, se redefine el concepto de riesgo, que pasará a centrarse en la posibilidad de daño para la vida o la integridad física, teniendo en cuenta antecedentes y contexto. Esto habilitaría intervenciones preventivas más tempranas, antes de que ocurran situaciones graves.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el régimen de internaciones. El proyecto mantiene que se trata de un recurso excepcional, pero introduce cambios clave:
El médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria en casos de urgencia
La decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas
La notificación a la Justicia también tendrá un plazo de 24 horas
Si un paciente pide el alta pero su capacidad está afectada, la internación podrá pasar a ser involuntaria
Estos cambios buscan equilibrar la rapidez en la atención con los controles judiciales.
Otro aspecto relevante es el reconocimiento de las limitaciones actuales del sistema. El proyecto admite que el cierre de hospitales psiquiátricos —promovido por la ley vigente— no es viable en el corto plazo, debido a la falta de infraestructura. Actualmente existen 30 instituciones públicas especializadas y 139 privadas, consideradas esenciales para casos complejos.
En lugar de eliminarlas, la propuesta apunta a fortalecer una red de atención escalonada, que incluya hospitales monovalentes, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
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El diagnóstico oficial también expuso una fuerte desigualdad en el acceso a la salud mental en el país. Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente, y menos de 20 cuentan con camas de internación, lo que genera brechas en la atención.
Para corregir esto, el Gobierno plantea reforzar sistemas de información como el RESAM y el REFES, herramientas que permitirán monitorear en tiempo real la disponibilidad de recursos y mejorar la planificación sanitaria.
La reforma retoma un debate que viene desde hace años y que involucra a familias, profesionales y el sistema judicial. Con el envío del proyecto al Congreso, se abre ahora una discusión clave sobre cómo actualizar una ley que, según el propio Gobierno, quedó desfasada frente a la realidad actual.
