Según testimonios, fue visto por última vez como detenido en el Arsenal Miguel Azcuénaga. Por ese caso se condenó al capitán Esteban Sanguinetti, y a Milani —entonces subteniente de 21 años— se le imputó haber instruido un sumario por deserción falso que encubrió el secuestro.
En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán absolvió a Milani por el beneficio de la duda y condenó a Sanguinetti a 14 años de prisión por privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado, delitos de lesa humanidad.
Dos años después, la Casación Penal confirmó la absolución, pero la Procuración General cuestionó esa decisión y el expediente permaneció más de cuatro años en la Corte, que este martes hizo lugar a sus argumentos.
El Máximo Tribunal consideró que los jueces inferiores omitieron valorar exhaustivamente las circunstancias comprobadas de la causa: el propio imputado reconoció públicamente que la firma en el acta era suya, y no podía desconocer el destino de Ledo, cuyas pertenencias —incluso sus anteojos— quedaron en el campamento.
En su voto concurrente, Rabbi Baldi Cabanillas sostuvo que la absolución fue arbitraria porque se rechazó el peritaje caligráfico solicitado por el Ministerio Público Fiscal y se analizó "en abstracto" el papel de Milani.
En disidencia, Rosenkrantz afirmó que no se lograron refutar los argumentos del fallo apelado y que la firma no estaba probada. "El horrible crimen contra Ledo ocurrió en el marco de la represión ilegal, pero no todo lo ocurrido entonces es el producto del obrar de todos los hombres de armas", escribió, al recordar que Milani tenía el grado más bajo del escalafón y apenas dos meses en la unidad.
Durante el juicio, Milani negó haber conocido al soldado. "A Ledo nunca lo vi en mi vida", declaró, y aseguró que "se usaron acusaciones falsas para hacerle daño al Ejército Argentino". La decisión no lo condena ni lo declara responsable, pero anula su absolución. El militar tiene 71 años y, en caso de ser condenado, podría pedir el arresto domiciliario. Además, es la segunda vez que la Corte interviene en su contra, tras la causa por enriquecimiento ilícito.
