Uno de los puntos centrales es el nuevo esquema de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias. La normativa busca que la información presentada por el contribuyente tenga una presunción de exactitud y establece mecanismos para rectificar una declaración cuando ARCA detecte una diferencia.
También se incorporan herramientas para regularizar esas diferencias sin perder automáticamente los beneficios del régimen. Según el diseño presentado por el Gobierno, el contribuyente puede rectificar y cancelar el ajuste dentro del plazo establecido, mientras que si posteriormente la Justicia determina que la impugnación de ARCA fue incorrecta, se contempla el reintegro de lo abonado con intereses.
La ley mantiene además el denominado “tapón fiscal”, que limita la posibilidad de que el organismo vuelva sobre períodos ya alcanzados por la presunción de exactitud cuando se cumplieron las condiciones del régimen.
Durante el debate, el oficialismo presentó la iniciativa como un cambio en la relación entre los contribuyentes y el Estado.
La senadora Patricia Bullrich sostuvo que el proyecto apunta a una Argentina “simple y previsible” y afirmó que las familias podrán utilizar sus dólares con libertad. También cuestionó el rol que históricamente tuvo el Estado sobre los ahorros.
Desde el bloque peronista, en cambio, José Mayans anticipó el rechazo y sostuvo que la iniciativa forma parte del programa económico del Gobierno y que implica un nuevo mecanismo de blanqueo.
El senador Jorge Capitanich también cuestionó el tratamiento del proyecto en comisión y planteó reparos sobre la participación de funcionarios de Economía y ARCA durante el debate previo.
Otro de los puntos discutidos fue el alcance de las restricciones para funcionarios y personas políticamente expuestas. El senador Fernando Salino propuso extender los controles patrimoniales a familiares de funcionarios, pero el oficialismo rechazó incorporar modificaciones y la iniciativa fue aprobada sin cambios.
La votación terminó con 44 votos a favor y 21 en contra. El acuerdo contempla que la Ciudad investigue y juzgue delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, además de casos de adultos imputados junto con menores cuando exista conexidad entre los hechos.
El traspaso generó cuestionamientos desde el peronismo por su impacto sobre el federalismo y por los fondos involucrados en el acuerdo.
