Informalidad sin freno: 4 de cada 10 trabajadores siguen en negro
El 43% de los ocupados trabaja sin registrar, según el INDEC. Pese a la reforma laboral, la informalidad creció y ya alcanza a 5,8 millones de personas.
La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales problemas estructurales del mercado de trabajo en Argentina. Según los últimos datos del INDEC, correspondientes al cuarto trimestre de 2025, el 43% de las personas ocupadas trabaja en condiciones no registradas, sin acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, obra social o cobertura legal.
En números concretos, de los 13,5 millones de trabajadores relevados en los 31 aglomerados urbanos, 5,8 millones se desempeñan en la informalidad. Esto implica un leve aumento respecto al mismo período de 2024, cuando el porcentaje era del 42%, con unos 5,7 millones de trabajadores en negro. En términos absolutos, en un año se sumaron cerca de 100.000 personas a esta situación.
A lo largo de 2025, la tasa de informalidad mostró oscilaciones, pero sin una mejora sostenida. Comenzó el año en 42%, subió al 43,2% en el segundo trimestre, alcanzó un pico de 43,3% en el tercero y cerró en 43% hacia fin de año.
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Este comportamiento evidencia que, más allá de las variaciones, el fenómeno se mantiene estable en niveles altos y sin señales claras de descenso.
Además, el informe revela que la informalidad afecta con mayor intensidad a los sectores más vulnerables. El 32% de los trabajadores no registrados vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.
Jóvenes, los más golpeados
Uno de los datos más preocupantes es el impacto en los jóvenes. Según el estudio, 7 de cada 10 trabajadores de entre 16 y 24 años están en la informalidad, lo que refleja las dificultades de inserción en empleos formales para este grupo etario.
La falta de experiencia, las condiciones del mercado y los costos laborales aparecen como algunos de los factores que explican esta realidad.
La apuesta oficial y los desafíos
En este contexto, el Gobierno nacional impulsó la Ley de Modernización Laboral, que ya está vigente desde marzo. Entre sus principales medidas, se destacan programas de blanqueo laboral con condonación de deudas para empleadores y una reducción de las contribuciones patronales al 8%.
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El objetivo es incentivar la registración de trabajadores, bajo la lógica de que los altos costos laborales fomentan la informalidad.
Sin embargo, los datos actuales muestran que, al menos por ahora, el impacto de estas medidas aún no se refleja en los indicadores. La evolución de los próximos meses será clave para evaluar si la reforma logra modificar una realidad que lleva años sin cambios profundos.
La informalidad no solo implica precarización laboral, sino también menor recaudación fiscal, falta de protección social y mayores niveles de desigualdad en la economía.
