Las declaraciones de Adorni llegaron para contener la disparidad de mensajes en el propio oficialismo. El presidente Javier Milei había respaldado a Espert el martes, atribuyendo las acusaciones a una “operación kirchnerista” y a “chimentos de peluquería”. En contraste, la ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA, Patricia Bullrich, aseguró en la mañana del miércoles que Espert debía dar explicaciones “urgentes”, advirtiendo que este Gobierno no puede aceptar “conductas de personas que hayan recibido plata del narco”.
Consultado por la aparente contradicción, Adorni negó diferencias de criterio y defendió la postura del Ejecutivo: “Si alguien ha combatido el narcotráfico es este Gobierno, y uno de sus brazos ejecutores ha sido Bullrich. Ella se refirió a algo correcto: que si Espert debe dar explicaciones, será en la Justicia”.
El trasfondo del caso se remonta a 2019, cuando Espert admitió que Machado le había facilitado un avión privado y una camioneta durante su campaña presidencial. Ahora, con la aparición de la transferencia en documentos judiciales de EE.UU. y el avance de una causa de extradición contra Machado en la Corte Suprema argentina, las sospechas se reactivaron en plena campaña electoral.
Ante las acusaciones, Espert anunció que iniciará acciones legales contra Grabois, aunque no negó haber recibido los fondos mencionados. “Esto es una operación política”, insistió.
La polémica expone a LLA a un flanco delicado en el corazón de la provincia de Buenos Aires, donde se juega la batalla electoral más determinante del país. Mientras el oficialismo intenta blindar a Espert como cabeza de lista, la oposición apunta a instalar el tema como ejemplo de supuesta incoherencia en el discurso libertario contra el narcotráfico.
