Unos 800 testigos están convocados para declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La causa tiene siete detenidos, quienes se enfrentan a penas de entre 5 y 15 años de prisión.
El juicio oral por la desaparición de Loan Peña ya tiene fecha. Desde el próximo 27 de febrero, unos 800 testigos están convocados para prestar declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
El menor, que en la actualidad tendría 6 años, fue visto por última vez el 13 de junio del 2024 en el Paraje Algarrobal, cercano a la localidad correntina de 9 de Julio, cuando salió a buscar naranjas con sus tíos Laudelina Peña y Antonio Benítez, el matrimonio integrado por Mónica Millapi y Daniel Ramírez y otros cinco niños. Nunca regresó a la casa de su abuela Catalina, donde habían almorzado.
La Fiscalía Federal llega al debate con un núcleo de hechos ya acreditados y con interrogantes centrales aún sin resolver. "Está probado que lo sustrajeron y lo trasladaron en un auto. Lo que falta saber es a dónde lo llevaron y por qué lo hicieron", explicó Carlos Schaefer, representante del Ministerio Público, en declaraciones a Radiópolis Weekend, al anticipar los ejes del proceso.
Según la acusación, la desaparición se produjo en un descampado elegido deliberadamente, sin cámaras ni controles, lo que permitió ejecutar la maniobra con rapidez.
LOAN
Además de Laudelina Peña y su esposo, y de la pareja Millapi-Ramíez, por la causa están procesados y detenidos el excomisario de 9 de Julio Walter Maciel y el matrimonio integrado por el exmarino Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava.
De acuerdo con la Fiscalía, los siete acusados habrían "intervenido de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento" del niño. El caso fue instruido por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, con la colaboración del Ministerio Público Fiscal, la PROTEX y la querella que representa a los padres de Loan.
Todos los acusados permanecen detenidos en cárceles comunes, salvo Millapi, quien cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica por motivos familiares.
El delito que se les imputa a los procesados prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión, por tratarse de un menor de 5 años. La Fiscalía sostiene que existió planificación previa y un traslado vehicular inmediatamente posterior a la sustracción.
