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El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles

La nueva resolución oficializa el acceso condicionado, con un régimen de autorización y fiscalización a cargo del RENAR.

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, implementó una medida que autoriza a civiles la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicionado. Esta nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza la prohibición vigente hasta ahora y establece un sistema de control y autorización más riguroso.

Según la resolución, el Registro Nacional de Armas (RENAR), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, tendrá la responsabilidad exclusiva de fiscalizar y controlar el cumplimiento de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429. Este organismo asume la supervisión total de los procedimientos tras la derogación de normativas anteriores.

La reforma permite que usuarios legítimos y entidades de tiro puedan adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, incluyendo fusiles, carabinas o subametralladoras derivadas de modelos militares y con calibre superior al .22 LR. Para obtener esta autorización especial, los solicitantes deben cumplir con requisitos estrictos que garantizan la justificación deportiva y la trazabilidad del armamento.

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Este cambio se basa en una primera medida tomada en junio, cuando el Gobierno derogó el decreto de la era Menem que impedía a civiles la compra o transferencia de fusiles semiautomáticos, salvo excepciones casi nunca concedidas por el Ministerio de Defensa. La resolución actual establece el mecanismo formal para la adquisición bajo el nuevo régimen.

Además, la Agencia Nacional de Materiales Controlados pasó a denominarse RENAR, consolidando bajo su órbita la regulación y control de armas y explosivos. Se dejaron sin efecto varias disposiciones anteriores, unificando el marco legal vigente bajo esta nueva autoridad.

La estructura administrativa y legal se transformó para garantizar un control más preciso, que incluye la obligación de presentar identificaciones detalladas del armamento, declaraciones juradas y documentación probatoria, reforzando la transparencia y la trazabilidad en la tenencia de estos fusiles semiautomáticos.

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