Durante uno de esos procedimientos, los investigadores localizaron una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo en la que encontraron 80.000 dólares. Según trascendió, en el lugar no había documentación respaldatoria, pero sí se detectaron movimientos de dinero en efectivo cuyo origen ahora será objeto de pericias. La fiscalía deberá establecer si los fondos estaban declarados y si forman parte de un circuito irregular de pagos, en el marco de la sospecha de una red de sobornos vinculada a contrataciones del Estado.
El consultor Fernando Cerimedo declaró como testigo y ratificó los audios en los que Spagnuolo detallaba el presunto esquema de sobornos que, según la investigación, llegaría hasta la Secretaría General de la Presidencia.
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi continúan con la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario hasta el 19 de septiembre. La causa incluye delitos de cohecho, administración fraudulenta y violación a la ley de Ética Pública, mientras se evalúa la posibilidad de que Spagnuolo colabore como imputado.