El pedido fue impulsado por los abogados de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez. La defensa del senador nacional Sergio Uñac también adhirió. El cuestionamiento apunta a una segunda recusación contra Lucero que, según los letrados, debía ser resuelta por el Tribunal de Impugnación y no por la propia jueza.
Antes de ingresar a Tribunales, el diputado nacional y expresidente de OSSE, Cristian Andino, aseguró que pone a disposición de la Justicia todos los movimientos de sus cuentas bancarias desde que comenzó su etapa como intendente.
Consultado sobre si durante su gestión en OSSE había recibido advertencias por las certificaciones modificadas que mencionó el ayudante fiscal, evitó dar precisiones y respondió que deja todo en manos de la investigación.
La defensa de Uñac, a cargo de Marcelo Fernández, explicó por qué se sumó al pedido de nulidad. El abogado aclaró que no fue quien impulsó originalmente el planteo, sino que adhirió al presentado por los representantes de Ruiz, Sirerol y Sánchez.
Fernández sostuvo que la discusión no pasa por una nueva recusación, sino por el procedimiento que utilizó Lucero para resolver la anterior. Según su interpretación, la decisión debía quedar en manos de otro juez.
El fiscal rechazó el planteo y advirtió que podría empezar todo de nuevo
Sebastián Gómez cuestionó el pedido de las defensas y consideró que busca demorar el avance de la causa. Advirtió que, si Lucero declara la nulidad, algunas actuaciones podrían quedar sin efecto y el proceso tendría que comenzar nuevamente.
"Ellos quieren la nulidad de una resolución de la jueza previa al inicio de la audiencia. Si se diera esa nulidad, caería todo y tendríamos que empezar prácticamente todo de nuevo", sostuvo.
El fiscal explicó que primero hubo una recusación contra Lucero que fue rechazada por la Cámara. Después se presentó una denuncia contra la magistrada ante la UFI Delitos Especiales, que fue desestimada por el fiscal de turno. Esa denuncia fue utilizada posteriormente como fundamento de una segunda recusación.
Gómez calificó el planteo como "meramente dilatorio" y señaló que la Fiscalía pudo completar la exposición de los hechos, las calificaciones legales y los elementos reunidos durante la investigación. También solicitó un plazo de dos años para desarrollar la investigación penal preparatoria.
La jueza, en cambio, consideró que no podía continuar sin resolver primero esa cuestión. Advirtió que avanzar podía generar nulidades posteriores, incluso algunas imposibles de subsanar.
Qué investigan y qué responsabilidades atribuye la Fiscalía
La hipótesis fiscal apunta a una presunta maniobra para favorecer a Krah América Latina en las licitaciones del Acueducto Gran Tulum. La acusación involucra a exautoridades de OSSE, funcionarios técnicos, responsables del área jurídica y al representante de la empresa. Cada uno habría tenido una intervención diferente en las etapas de contratación, adjudicación y ejecución de la obra.
Las decisiones políticas y los cambios en los controles
La Fiscalía ubicó a Sergio Uñac, primero como vicegobernador y luego como gobernador, dentro de las decisiones que habrían permitido flexibilizar controles y procedimientos para favorecer la participación de Krah en las licitaciones.
También señaló que el apoderado de la empresa en San Juan era un familiar suyo, ya fallecido. Por estos hechos, le atribuyó presunta defraudación por administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el caso de Cristian Andino, la acusación se concentra en su gestión como presidente de OSSE entre 2011 y 2015. Según la Fiscalía, durante ese período se habrían flexibilizado exigencias técnicas y controles que facilitaron la incorporación de la tecnología ofrecida por Krah y su participación en los procesos licitatorios.
La intervención de los presidentes de OSSE
La investigación también alcanza a quienes estuvieron al frente del organismo durante las etapas posteriores del proyecto.
Sergio Ruiz, presidente de OSSE entre diciembre de 2015 y comienzos de 2019, fue señalado por su participación en la elaboración de los pliegos y por facilitar la intervención del área jurídica.
La Fiscalía también cuestionó que hubiera entregado a Krah un predio de unos 900 metros cuadrados en la planta potenciadora de Marquesado sin exigir el cumplimiento de las prestaciones comprometidas.
Juan Carlos Caparrós, quien presidió el organismo entre febrero y diciembre de 2019, fue acusado de conocer las fallas y pérdidas de las tuberías y los problemas del sistema de electrofusión sin exigir medidas para solucionarlos. También le atribuyeron haber impulsado la contratación directa de una consultora para analizar el proyecto.
A Guillermo Sirerol, presidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023, la Fiscalía le reprochó no haber actuado frente a las fallas de las tuberías.
También cuestionó un convenio con una unión transitoria de empresas (UTE), en el que se habrían reconocido las deficiencias de la tecnología sin aplicar sanciones a la contratista, y la posterior reinstalación de las tuberías junto con un nuevo convenio por $250 millones.
Los pliegos, las licitaciones y los controles técnicos
Otros investigados quedaron señalados por su intervención en los procedimientos administrativos y técnicos de la obra.
Juan Antonio Sánchez, funcionario técnico de OSSE, habría participado en la elaboración de los pliegos y en las comisiones de preadjudicación. La Fiscalía consideró que su intervención fue relevante en los procesos cuestionados.
Humberto Gonzalo Caballero, entonces integrante del área jurídica de OSSE y actual juez laboral, fue señalado por su participación en la elaboración de los pliegos y en las comisiones de preadjudicación. También le atribuyeron un dictamen que habría dejado fuera de competencia a otra empresa mediante información que la Fiscalía considera falsa.
Francisco Javier José Correa, quien se desempeñaba como funcionario técnico y auditor de OSSE, habría intervenido en las dos licitaciones sin advertir sobre las irregularidades. La acusación también sostiene que omitió señalar las deficiencias de las tuberías y la falta de aptitud de los materiales.
Rolando Vicente Caruso, jefe del Departamento Proyectos de OSSE, fue acusado por su participación en la elaboración de una licitación que, según la hipótesis fiscal, habría sido direccionada a favor de Krah. También cuestionaron que permitiera incorporar una disposición mediante una circular cuya vigencia estaba en discusión.
El papel de la empresa adjudicataria
Gustavo Mastelono, presidente y representante legal de Krah América Latina, fue señalado por conocer las características técnicas de los productos ofrecidos por la firma y por haber intervenido para conseguir modificaciones en los procedimientos que facilitaran su participación en las licitaciones.
La Fiscalía lo ubicó como presunto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.
La situación del exministro de Infraestructura
Julio Ortiz Andino, quien estuvo al frente del Ministerio de Infraestructura entre 2015 y 2023, no participó de la audiencia porque había informado que se encontraba de viaje en el exterior. Por ese motivo, la Fiscalía no expuso los cargos en su contra y su situación será abordada en otra audiencia.
Por Gabriel Rotter.
