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MÉDICA DENUNCIADA

Venerando debe ratificar la denuncia contra la médica del cuarto caso Covid-19

La Justicia envió el cuestionario a la Ministra de Salud para que confirme o rectifique la acusación que pesa sobre Laura Galván, la profesional que violó los protocolos sanitarios y se contagió de coronavirus por cuidar a su hermano. Sobre la doctora pesan los delitos contra la Salud Pública, contra la administración pública y la violación a los deberes de funcionario público.

La Justicia envío a la Ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, un cuestionario para ratificar la denuncia contra la médica del cuarto caso COVID-19. Sobre Laura Galván pesan los delitos contra la Salud Pública, contra la administración pública y la violación a los deberes de funcionario público, esto es por haber ingresado al área restringida del hospital Rawson y mantener contacto estrecho con su hermano, paciente con Coronavirus, que estuvo allí internado. Además, sabiendo de los riesgos que corría, la mujer no respetó la cuarentena y puso en riesgo a la población sanjuanina.

Cuando Venerando devuelva el cuestionario, el juez podrá continuar con el proceso que consiste en el llamado a las testimoniales. Este punto aún no está resuelto cuando sería, ni de qué forma, por videoconferencia o presencial, ya que se debe cumplir con las medidas sanitarias correspondientes. Una vez que el juez Alberto Caballero defina como será esta instancia, se fijará una fecha para comenzar a citar a los testigos.

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A días de que se conociera el contagio de Laura Galván, la ministra de Salud Pública brindó una conferencia de prensa dando detalles de la denuncia que el Estado iniciaba sobre la profesional de la salud. "Iremos con todo el peso de la ley contra los responsables", dijo la ministra quien inició las acciones legales por pedido del propio gobernador Sergio Uñac.

Los artículos del Código Penal que tipifica el delito son los 205 (que es el que menciona la violación de las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus), 207, 239 y 248. El segundo, menciona su condición de funcionaria pública (en este caso de salud) cuya pena podría llegar a la inhabilitación especial que doble el monto de la condena. Si la pena fuera una multa, esta inhabilitación sería de un mes a un año.

En el caso del artículo 239, se establece que "será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

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Mientras que el siguiente y último artículo, remarca "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

La situación de la médica podría haberse complicado aún más porque contagió a un colega que estuvo en grave estado. El quinto paciente COVID-19, quien logró recuperarse del virus luego de estar más de un mes internado. Este jueves recibió el alta y estiman que será parte de los testigos que citará la Justicia.

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En cuanto a Galván recibió el alta médica a mediados de junio y según contó su abogado defensor, Roberto Domhen, la profesional está recibiendo asistencia psicológica y no tiene ganas de hablar con nadie. Su futuro laboral es un tema que también le afectó mucho ya que no sabe qué pasará con su situación.

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