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San Juan respaldó la eliminación de los aportes obligatorios a COVIAR

Remarcaron que la resolución de la medida cautelar presentada por COVIAR debería desarrollarse en el marco de un proceso colectivo y público, permitiendo una discusión amplia dentro de toda la cadena vitivinícola.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan expresó su respaldo a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los aportes obligatorios que realizaban las bodegas para el sostenimiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), luego de que la entidad presentara una demanda de amparo contra la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

La medida nacional, oficializada a través de la Resolución 55/2026, dispuso la finalización del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI) y eliminó las contribuciones compulsivas que financiaban el funcionamiento de la corporación. Además, estableció el cierre formal del programa en un plazo de tres meses y ordenó la presentación de un informe final de gestión por parte de COVIAR.

En este contexto, desde el Gobierno sanjuanino ratificaron su postura en favor de la voluntariedad de los aportes privados destinados a entidades sectoriales y acompañaron lo dispuesto por la administración nacional.

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Según expresaron desde la cartera productiva provincial, esta posición coincide con la mirada mayoritaria de los actores de la vitivinicultura sanjuanina, quienes sostienen que cualquier mecanismo de promoción del sector debe sustentarse en la adhesión voluntaria y no en el cobro compulsivo de contribuciones.

Asimismo, remarcaron que la resolución de la medida cautelar presentada por COVIAR debería desarrollarse en el marco de un proceso colectivo y público, permitiendo una discusión amplia dentro de toda la cadena vitivinícola.

Desde San Juan también señalaron que esta postura no desconoce los aportes realizados por COVIAR a lo largo de los años en distintos ámbitos de la industria. Sin embargo, advirtieron que la obligatoriedad de los pagos ha generado divisiones dentro del sector y dificultades para construir consensos estratégicos sobre el futuro de la vitivinicultura argentina.

La controversia se produce en medio de un fuerte debate dentro de la industria vitivinícola nacional respecto al financiamiento de la corporación y al rol que debe ocupar en el desarrollo del sector.