Reprocann 2026: reglas más duras y trámites frenados también en San Juan
El Reprocann pasó a Sedronar, sumó requisitos y enfrenta demoras récord. En San Juan, pacientes y cultivadores siguen atentos al impacto en el acceso al cannabis medicinal.
A comienzos de 2026, el Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann) atraviesa uno de los cambios más profundos desde su creación. A través del Decreto 27/2026, el Gobierno nacional reorganizó su estructura y trasladó su control operativo a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), que ahora quedó a cargo del registro, monitoreo y evaluación del sistema.
Hasta el año pasado, el programa dependía directamente del Ministerio de Salud. Con la nueva normativa, pasó a integrarse dentro de las funciones de Sedronar, organismo que también está bajo la órbita sanitaria, pero históricamente vinculado a las políticas sobre consumos problemáticos.
La decisión abrió un nuevo escenario para pacientes, cultivadores y organizaciones, también en San Juan, donde el uso medicinal del cannabis creció en los últimos años y se consolidó una red local de producción y acompañamiento.
El traslado fue formalizado en febrero mediante el decreto publicado en el Boletín Oficial, que reordenó las competencias internas del Ministerio de Salud. Desde entonces, Sedronar quedó formalmente a cargo del seguimiento de las políticas vinculadas al cannabis medicinal.
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Fuentes oficiales sostienen que el objetivo es unificar criterios técnicos, fortalecer el monitoreo y mejorar la articulación con otros organismos, como Justicia y áreas de prevención.
Sin embargo, para muchos usuarios, el cambio genera dudas. Conceptualmente, la incorporación del cannabis medicinal a un organismo vinculado al abordaje de drogas resulta, al menos, discutible. Aunque Sedronar dejó hace años su perfil punitivo, el giro no pasó desapercibido.
Requisitos más duros desde 2025
Si bien no se dictaron nuevas resoluciones en 2026 sobre el acceso, siguen vigentes las modificaciones establecidas en 2025, que endurecieron notablemente el sistema.
Entre los principales cambios se destacan:
Especialización médica obligatoria: los profesionales deben acreditar diplomaturas o maestrías específicas en cannabis medicinal.
Antecedentes penales: se exige certificado para terceros cultivadores y miembros de ONGs.
Limitación del cultivo solidario: el antiguo “cultivador solidario” pasó a ser “tercero cultivador”.
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Estas condiciones redujeron el número de médicos habilitados y de cultivadores disponibles, especialmente en provincias como San Juan, donde el acceso a profesionales especializados es más limitado.
Qué sigue permitido: plantas, espacio y transporte
Pese a los rumores, los límites de cultivo no se modificaron:
Hasta 9 plantas en floración por paciente.
Hasta 6 m² en interior y 15 m² en exterior.
Transporte: 40 gramos de flores secas o 6 frascos de aceite.
Fuera del Reprocann, cualquier tenencia sigue siendo ilegal según la Ley 23.737.
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ONGs, bajo nuevas exigencias
Las organizaciones civiles también quedaron alcanzadas por mayores controles. Ahora deben designar responsables técnicos, presentar informes y detallar planes de cultivo. En San Juan, varias agrupaciones debieron reorganizar sus estructuras para cumplir con las nuevas exigencias, lo que ralentizó algunos proyectos comunitarios.
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Uno de los principales problemas del sistema es el atraso en las aprobaciones. Según datos del sector, existen más de 80.000 trámites en espera en todo el país. Usuarios sanjuaninos denuncian demoras prolongadas en la renovación de carnets, lo que los deja expuestos a controles policiales y situaciones judiciales innecesarias.
Demoras, silencio administrativo y judicialización
Uno de los principales focos de conflicto es la demora en la aprobación de trámites. Según datos del sector, existen más de 80.000 solicitudes pendientes, muchas de ellas en estado de “evaluación” desde hace meses.
Este escenario derivó en una creciente judicialización. En ese contexto, el Juzgado Federal N°2 de Paraná declaró abstracto un amparo por mora presentado contra el Ministerio de Salud de la Nación, aunque le impuso las costas del proceso por la demora injustificada en resolver una inscripción al Reprocann.
El fallo, firmado por el juez Daniel Alonso, sostuvo que la actuación judicial se volvió innecesaria una vez aprobado el trámite, pero que el silencio administrativo obligó al ciudadano a recurrir a la Justicia. Por ese motivo, condenó al Ministerio al pago de $3.089.160 en honorarios profesionales.
“Frente a la demora injustificada de la demandada, el amparista se vio forzado a recurrir a los estrados judiciales”, señaló el magistrado. Si bien aclaró que no se trata de una regla general, el fallo se suma a otros precedentes similares en tribunales federales del país y refuerza la exigencia de celeridad en trámites vinculados a la salud.
El marco legal: entre la excepción y la prohibición
En Argentina, la ley de drogas sigue prohibiendo toda tenencia de cannabis. La Ley 27.350 creó una excepción sanitaria, permitiendo el cultivo y transporte solo a quienes estén inscriptos en el Reprocann.
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Sin ese registro, incluso pacientes con tratamientos médicos pueden enfrentar causas penales, dependiendo del criterio judicial.
Actualmente, no existe un marco pleno para la venta legal de cannabis. La Ley 27.669, que regula la industria, todavía espera su reglamentación definitiva. Solo pueden comercializarse semillas aprobadas por el INASE y dentro del sistema medicinal.
Un debate abierto
El traslado del Reprocann a Sedronar tiene defensores y críticos. Algunos sostienen que permitirá una gestión más técnica. Otros advierten que puede debilitar el enfoque sanitario. Mientras tanto, organizaciones de pacientes reclaman mayor transparencia, celeridad y previsibilidad.
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Producción local: el aceite sanjuanino ya llegó a las farmacias
En medio de este escenario nacional, San Juan dio un paso clave en materia de cannabis medicinal. El aceite producido en la provincia ya comenzó a venderse en farmacias locales.
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Desde la empresa CanMe confirmaron que se concretaron las primeras operaciones y que avanzan acuerdos para ampliar la distribución, tanto para uso humano como veterinario, siempre bajo prescripción médica.
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Además, evalúan nuevas presentaciones comerciales y convenios con droguerías para llegar a más puntos de venta en el territorio provincial. Se trata de un avance estratégico para consolidar la producción local, fortalecer la cadena sanitaria y garantizar el acceso legal a derivados del cannabis en la provincia.
