Ley de Glaciares: fuerte postura de San Juan en audiencia polémica
En una audiencia pública marcada por tensiones, San Juan respaldó la reforma de la Ley de Glaciares y defendió la minería como motor productivo.
En medio de un clima de tensión política y cuestionamientos al proceso, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, expuso la postura oficial de la provincia en la audiencia pública por la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. Allí, manifestó el respaldo al proyecto impulsado a nivel nacional y defendió el rol de la minería en el desarrollo provincial.
“Apoyamos este proyecto de adecuación de los presupuestos mínimos de la ley de glaciares”, afirmó el funcionario al iniciar su intervención, en una jornada atravesada por impugnaciones, protestas y críticas al esquema de participación ciudadana.
El debate en la Cámara de Diputados se desarrolló con un fuerte nivel de conflictividad. De más de 105.000 inscriptos, solo unos 360 pudieron exponer, lo que generó denuncias de sectores opositores y organizaciones socioambientales, que calificaron la audiencia como restrictiva e incluso anticiparon posibles acciones judiciales.
En ese contexto, Fernández planteó que existe una “falsa dicotomía” entre la actividad minera y el cuidado del agua, y buscó posicionar a San Juan dentro de una lógica de desarrollo productivo integral.
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“San Juan es una provincia montañosa y desértica”, explicó, al describir las limitaciones geográficas que condicionan el desarrollo económico. En esa línea, sostuvo que “la minería resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades”, aunque remarcó que convive con otros sectores como la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo y la economía del conocimiento.
El ministro también puso el foco en el uso del recurso hídrico, uno de los ejes centrales del debate. “Solo el 3% corresponde a las concesiones de agua para la minería”, indicó, al comparar ese volumen con el destinado a la producción agrícola y el consumo humano.
A partir de esos datos, planteó que el desafío principal no es la restricción de actividades, sino la eficiencia en el uso del agua. En ese sentido, advirtió que gran parte de la producción agrícola aún carece de sistemas de riego mecanizados, lo que genera pérdidas y limita el aprovechamiento del recurso.
Además, mencionó problemas estructurales vinculados a la infraestructura, como el estado de los canales de riego y las dificultades económicas que enfrentan los productores para incorporar tecnología.
Frente a este escenario, Fernández destacó el potencial de la minería para impulsar inversiones estratégicas. Según señaló, la actividad no solo genera empleo —en su mayoría local— sino que también puede contribuir al desarrollo de obras de infraestructura vial, energética e hídrica.
En particular, remarcó la posibilidad de avanzar en proyectos de riego y reconversión agrícola financiados con recursos provenientes del sector minero, con impacto directo en otras actividades productivas.
Hacia el cierre de su exposición, el funcionario volvió a centrar el eje en el agua como desafío estructural de la provincia. “Estamos ante el verdadero desafío de nuestra provincia”, concluyó.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares continuará en Diputados en un escenario complejo, atravesado por diferencias políticas, reclamos sociales y advertencias de judicialización, mientras se discute cómo compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental.
