Rodríguez también cuestionó la decisión del Concejo de incrementar su remuneración como intendenta, al interpretar que esa medida tendría como efecto final elevar los ingresos de los concejales, ya que la Carta Orgánica Municipal fija los haberes legislativos en relación con el salario del Ejecutivo. A esto sumó críticas por la reasignación de partidas propias del Ejecutivo hacia el Legislativo y por la creación de una estructura administrativa paralela, con nuevos cargos políticos y áreas que —según afirmó— carecen de sustento legal.
La intendenta aseguró que, antes de avanzar con el veto, se intentaron instancias de diálogo formales e informales, sin alcanzar acuerdos. En ese marco, defendió la decisión como un “deber jurídico” y no como una definición política, al señalar que el objetivo es preservar el orden constitucional, la división de poderes y la gobernabilidad del departamento.
El conflicto tiene antecedentes inmediatos. En diciembre, el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2026 con modificaciones en el reparto de recursos. En ese momento, desde el Ejecutivo ya se había advertido que esos cambios podían alterar la planificación financiera y comprometer el pago de sueldos, bonos y el normal funcionamiento de áreas operativas.
Tras conocerse el veto, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Rivero, respondió a la decisión y puso el foco en que el rechazo haya sido total y no parcial. Aseguró que el presupuesto no fue modificado en su monto global, sino que se realizaron reasignaciones de partidas, una herramienta que consideró legal y habitual. Además, buscó llevar tranquilidad a la comunidad al garantizar la continuidad de obras, servicios, asistencia social y el pago de salarios y beneficios a los trabajadores municipales.
