Este martes, una farmacéutica y exempleada del hospital Julieta Lanteri se sentó frente al juez por falsificar certificados que firmaba en nombre de la directora del nosocomio, Laura Tamarit, quien la denunció a principio de este año.
La profesional Melisa Díaz Meneche (35) comenzó a ser investigada por la UFI Delitos Especiales que dirige el fiscal Francisco Pizarro, luego de que el Tercer Juzgado de Instrucción le remitiera las actuaciones.
Las maniobras delictivas salieron a la luz por el sistema de la Obra Social Provincia, de recetas archivadas, donde detectaron que se emitió un pedido de medicación psiquiátrica que fue supuestamente firmada por la doctora Tamarit, sin embargo, en la fecha que consigna el documento, la jefa del nosocomio estaba de vacaciones fuera de la provincia. “Esta causa fue remitida al Juzgado Federal porque depende de la Ley de Medicamentos de competencia federal”, explicó el fiscal.
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Por los hechos delictivos que la imputaron este martes, se conocieron después, cuando detectaron que había al menos 3 certificados con prescripción de parte médico por enfermedad para ella misma (la acusada), donde utilizó los talonarios médicos, la firma y el sello de su jefa, según informó el fiscal Pizarro a Canal 8.
En este sentido, Díaz fue imputada por falsificación de un instrumento privado y deberá cumplir con medidas coercitivas durante el plazo de 3 meses de la investigación penal preparatoria, como ponerse a disposición del proceso y presentarse una vez por mes en la dependencia jurisdiccional correspondiente.
El delito por el que se la está investigando está detallado en el artículo 296 del Código Penal: “El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad”. En este contexto, el artículo 292 detalla que “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, si se tratare de un instrumento privado”. Como se trata de una pena menor a 3 años, en el caso de que sea encontrada culpable no irá presa.